La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Antonia Urrejola, afirmó este miércoles durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, “existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con grave consecuencias políticas y democráticas”.
Urrejola presentó este miércoles 23 de junio, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, una actualización de la situación de derechos humanos en Nicaragua, expresando su preocupación por los 124 presos políticos que la CIDH contabiliza, incluyendo los cinco precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
Además los demás opositores arrestados en las últimas semanas: Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, José Bernard Pallais, “quien no estaría recibiendo atención médica adecuada para sus padecimientos”; Suyén Barahona; el general en retiro del Ejército, Hugo Torres; Víctor Hugo Tinoco; Tamara Dávila; la excomandante guerrillera Dora M. Téllez; Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas Anduray, exdirectivo de Funides y gerente del Banpro; Miguel Mendoza, periodista deportivo; y el arresto domiciliar de María Fernanda Flores.
Intensificación de la persecución penal contra opositores
“En esta ocasión la Comisión manifiesta su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente”, indica Urrejola en el informe.
Enseguida, sobre la situación de los opositores detenidos, Urrejola en representación de la CIDH advirtió que el Estado de Nicaragua no está “garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignando en su lugar a una abogada o abogado de oficio, y la mayoría se encontrarían incomunicadas”.
Presentación de la Presidenta de la @CIDH Antonia Urrejola @totonia68 al Consejo Permanente de la #OEA sobre la situación en #Nicaragua (1/2) pic.twitter.com/VDLIltuewk
— OEA (@OEA_oficial) June 23, 2021
Además denunció que la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias “secretas”, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la CIDH afirmó que ha tomado conocimiento sobre “la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados”.
Para el organismo internacional de defensa de los derechos humanos, la falta de garantías judiciales mínimas refleja “la arbitrariedad en el actuar del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.
Aumento de solicitud de medidas cautelares
Urrejola durante la presentación del informe enfatizó que desde el 2018, con la rebelión cívica reprimida por el régimen de Ortega, la CIDH ha “venido documentando un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”.
De la misma manera, señala, que “ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene —y ahora intensificado— el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al Gobierno, y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.
Apunta que la “la gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua en las últimas semanas se refleja en el incremento del número de solicitudes de medidas de protección recibidas por este organismo internacional. En lo que va del 2021 la CIDH ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte presentadas en el mes de junio, en comparación con las 26 solicitudes recibidas en todo el año 2020. Estos números hablan por sí solos”.
El llamado de la CIDH a la comunidad internacional
La presidenta de la CIDH afirmó que los hechos ocurridos en estas semanas evidencian “una nueva fase de la represión” de cara a las próximas elecciones, y que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes. Por ello, el organismo hace un urgente llamado a la comunidad internacional.
“Ante esta profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional, y particularmente a los actores de la región americana, para que exijan al Estado poner fin inmediato a la persecución y las detenciones de las voces disidentes u opositoras, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático de derecho y a realizar las reformas institucionales que aseguren un ambiente de amplia participación democrática”, concluyó la comisionada Urrejola.