Estaría por verse si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo logra obtener pruebas legales y verdaderas que puedan sostener su cacería de precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de organizaciones y trabajadores de bancos en los tribunales orteguistas, señalan abogados expertos en derecho penal, mientras que analistas políticos consideran que todo se trata de una artimaña para sentarse a negociar con la comunidad internacional.
En las últimas semanas, el régimen Ortega Murillo ha detenido a cuatro precandidatos presidenciales, a nueve líderes opositores, a dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a un trabajador particular de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro y a un directivo de un banco, para un total de 17 nuevo presos políticos.
Algunas detenciones se deben a las investigaciones que realiza la Fiscalía orteguista por el supuesto lavado de dinero y malversación de fondos ocurridos en la FVBCH y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) La jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó levantar el sigilo bancario y tributario a 13 exdirectivos de esta última organización, así como la inmovilización de sus cuentas y la retención migratoria por el proceso de investigación que ha iniciado la Fiscalía contra ellos.
«Desde la perspectiva real del origen de esta situación, si efectivamente hay una comisión de un hecho ilícito, pues esas son situaciones que a veces no se logran determinar a través de estos procesos, habría que ver qué información tiene de manera concreta el Ministerio Público o la Policía sobre el tema de estas personas que aparentemente están involucradas en la comisión de hechos ilícitos. Habría que ver si tienen los suficientes elementos para establecer una acusación formal, ya que la información que han solicitado (de los investigados) es muy privada», explicó el abogado Julio Montenegro.
Rehenes de casos políticos
Sin embargo, el régimen ha violado los derechos humanos y constitucionales, y las garantías procesales de los detenidos, ya que no les ha permitido ser visitados por sus familiares y abogados. Ha realizado audiencias ilegales y privadas, imponiéndoles defensores públicos y recetándoles 90 días de cárcel. Abogados han denunciado que en caso judiciales contra presos políticos la Policía y Fiscalía del régimen inventa pruebas en su contra y éstas son aceptadas por los jueces orteguistas.
Para el politólogo José Antonio Peraza las detenciones ejecutadas por el régimen contra opositores y otros tienen un objetivo político y no descarta que Ortega los use como rehenes para conseguir beneficios.
«Evidentemente que tienen un objetivo político, en el caso de Unamos (Partido Unión Democrática Renovadora) fue descabezarlo, encerrarles a sus principales líderes, en el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco fue igual…parece que Ortega prepara cartas para luego negociar con Estados Unidos, en su razonamiento ellos piensan que pueden sentar a Estados Unidos a dialogar con rehenes, yo creo que eso va a ser muy difícil, yo no veo a Estados Unidos haciendo lo que Ortega y su camarilla quieren, pues…a Ortega le han molestado tres cosas: la primera y más importantes es defender sus recursos; en segundo lugar imagino que va a querer que le quiten las sanciones a su grupo cercano y el tercer tema es permanecer en el poder, él quiere una negociación que le permita estar en el poder hasta que tenga una corelación de fuerzas más favorable», estimó Peraza.
Novoa: «Hay una descomposición social»
El exprocurador de la República, Alberto Novoa, explicó que instituciones del Estado como: La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General de la República pueden solicitar a un juez levantar el sigilo bancario a investigados por delitos graves pero cuestionó los procesos irregulares que están enfrentando los presos políticos del régimen.
«Es una descomposición social, interinstitucional, estructural de la sociedad nicaragüense y no solamente por ser opositores (detenidos) relevantes, sino también porque es contra toda la gente, contra los de Monimbó, contra los de Masaya, contra los de los barrios, donde quiera pues, es una fractura social. No creo que las elecciones vayan a resolver las contradicciones en Nicaragua, ese es un tema muy complejo», consideró Novoa.
Según comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido centro de pensamiento, Funides, son investigados “por indicios que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055, (la llamada Ley de defensa de los derechos del pueblo) y por haber recibido recursos económicos financiados de fuentes extranjeras”.
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Los nuevos investigados son: Luis Rivas Anduray, Juan Carlos Sansón Caldera, Gerardo José Baltodano Cantarero, Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, Martha Jeannette Duque Estrada Gurdián, Humberto Antonio Belli Pereira, Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo Horvilleur, Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Jaime Javier Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera y José Evenor Taboada Arana. Todos miembros de las juntas directivas de Funides en los periodos de 2015-2017 y 2017-2019.
Ley no es retroactiva
Aunque el Ministerio Público alega que los exdirectivos de Funides están siendo investigados por recibir financiamiento extranjero, en realidad el financiamiento externo para las fundaciones sin fines de lucro no era ni es ilegal. Entre 2015 y 2019, que es el período investigado por el régimen, no había ningún problema en recibirlo si se cumplía con los requerimientos del Ministerio de Gobernación, quien regula a las entidades sin fines de lucro u organismos no gubernamentales.
Pero el régimen también está haciendo uso de una ley anterior y vigente. “De conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 735, literales a y f, de la Ley de Prevención. Investigación y Persecución del Crimen Organizado y artículo 35 del decreto 70-2010, solicito que se ordene de inmediato y sin dilación, la retención migratoria y la inmovilización de las cuentas de las personas antes mencionada y sujeta a investigación”, detalla el documento dirigido al superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Luis Ángel Montenegro.
Montenegro explicó que el régimen no puede aplicar la nueva ley (Ley 1055) a los detenidos e investigados, porque la misma no es retroactiva y solo procede aplicarlas en sentido favorable al acusado, pero sí podría hacer uso de la Ley 735 contra ellos, si acaso encuentra pruebas para hacerlo. «No es delito recibir dinero del extranjero, una organización sin fines de lucro podía y puede hacerlo, solo que ahora debe anotarse como agente extranjero en el Ministerio de Gobernación y reportar sus informes financieros ante esa institución. Además, antes de la ley tampoco era delito,ya que había control de Gobernación de las actividades de las organizaciones», señaló.
La precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, en una de sus visitas a la Fiscalía del régimen aseguró que a partir de 2018 el Migob dejó de recibir los informes financieros de la FVBCH sin dar explicaciones. «Cuando uno representa a una institución y hay una negativa del ente en cuanto a recibirle un documento, pues yo lo razono a través de un notario que de fe pública de la situación, lo importante es hacer notar que año con año hay una especie de control que se realiza por los entes reguladores, en este caso por Gobernación; si una institución se niega a recibir la información, entonces después no puede decir que la organización no reportó y esto ante un potencial proceso penal se puede alegar», dijo Montenegro.
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