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La extradición como herramienta de la justicia transicional

Durante la inscripción del político de origen conservador Noel Vidaurre como precandidato a la Presidencia en la alianza que encabeza CxL, externó su interés en extraditar a Mauricio Funes, el cobarde expresidente salvadoreño que prefirió nacionalizarse en Nicaragua antes que enfrentar los cargos de corrupción en su contra. Tal vez Vidaurre solo quería llamar la atención de Nayib Bukele, tal vez solo fue una ocurrencia del momento, pero lo cierto es que la actualización normativa de la figura de la extradición puede convertirse en un coadyuvante importante en los mecanismos de justicia transicional en Nicaragua.

El párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Política prohíbe la extradición de nacionales, por lo que en principio se requiere un ajuste constitucional. Tenemos que tener presente que el objetivo principal de la extradición es evitar la impunidad y garantizar con ello el acceso a la justicia, además en las últimas décadas se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para combatir al crimen organizado.

El régimen Ortega-Murillo ha cometido Crímenes de Lesa Humanidad (CLH), hecho que le ha valido sanciones internacionales que, a su vez impactan en el uso del Sistema Financiero para las transacciones comerciales de la familia presidencial. Pero pensemos un poco, si el régimen no tuvo reparo en ordenar las masacres de 2018, qué nos hace suponer que se detendría para realizar operaciones de lavado de dinero con la finalidad de salvaguardar su multimillonario patrimonio.

La transición democrática no será sencilla, en caso que el régimen se vea obligado a salir por la vía electoral, mantendrá sus cuotas de poder hasta donde le sea posible, obstaculizando los esfuerzos para llevar a los responsables de los CLH ante la justicia. En ese escenario, la persona que ejerza la titularidad del poder ejecutivo puede solicitar un plebiscito para reformar la Constitución Política y permitir la extradición de nacionales, de conformidad a lo establecido en los artículos 133 y 135 de la Ley Electoral.

Es paradójico, pero el reto real que enfrenta la sucesión presidencial en una transición democrática no es ganar la elección, sino, mantener esa cohesión social para impulsar las reformas políticas que requiere Nicaragua. Esa cohesión no se logrará con pactos o huesos, solo se alcanzará con el restablecimiento de un diálogo democrático, que fije metas claras y se construya con la participación sectorial.

Aprobar la extradición de nacionales en Nicaragua, no solo propiciaría que el país deje ser una guarida de criminales como Mauricio Funes, sino que permitiría que irónicamente el régimen Ortega-Murillo enfrente la justicia, tal vez en un primer momento no por sus CLH, sino por las consecuencias de las sanciones internacionales que les impusieron. Recordemos que el régimen no solo se aferra al poder por procurar impunidad, sino por conservar su multimillonaria fortuna.

El autor es maestro en Derechos Humanos

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