Un día como hoy, pero de 2018, las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuaban en diversos departamentos de Nicaragua y algunos continuaban siendo atacados por oficiales de la Policía y fanáticos orteguistas, mientras distintos grupos de la sociedad civil arreciaban los paros escalonados.
El descontento social se seguía manifestando contra algunas obras impulsadas directamente por la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral. Ciudadanos derribaron un «árbol de la vida» ubicado en la rotonda de Bello Horizonte, en Managua, que luego fue montado a un cabezal, además bomberos atendieron el fuego en un bus que fue quemado en la misma zona.
Este día, la presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, María Luisa Acosta, indicó que en el país habían más de 63 víctimas de genocidio que se había caracterizado por la «más brutal represión en tiempos de paz» y de la que es objeto la comunidad universitaria.
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Ortega seguía rechazando a la CIDH
Los empresarios y movimientos sociales pedían la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante una carta. «Nosotros como actores del mismo, creemos que la visita de trabajo en terreno de parte de la CIDH es de suma importancia, no solo para inicio del diálogo sino también para los pasos siguientes al mismo», señaló Lener Fonseca, uno de los tres firmantes por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra.
Mientras, el régimen de Daniel Ortega seguía sin aprobar la entrada de la CIDH a Nicaragua, por lo que los obispos de la Conferencia Episcopal le insistieron que permitiera en el menor tiempo posible el ingreso de los defensores de derechos humanos.
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También, la Iglesia católica junto a activistas de derechos humanos, lograron poner fin a la represión en Masaya, a través de una reunión entre la delegación religiosa, miembros de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) con el subdirector de la Policía, comisionado general Ramón Avellán. Otro de los logros fue el intercambio de tres agentes policiales retenidos por los manifestantes por 24 autoconvocados detenidos por la PO.
Además, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, dijo que había «dolor por tantos nicaragüenses asesinados cruelmente por la dura represión». El jerarca católico lamentó la muerte de los jóvenes asesinados en las protestas de abril y anunció que la Conferencia Episcopal se reuniría para analizar lo que había pasado en los últimos días.
