La lucha por elecciones libres en Nicaragua se libra no solo en el ámbito nacional. También se desarrolla en el campo externo. Así se ha reafirmado en el Consejo Permanente de la OEA, que discutió la situación de este país en su reunión del miércoles 12 de mayo.
Asociaciones de países como la Unión Europea (UE) y la OEA, lo mismo que gobiernos por separado, como los de Estados Unidos (EE.UU.), Reino Unido, Canadá, Costa Rica y otros, por su compromiso con la democracia se han involucrado con toda razón y derecho en el proceso electoral nicaragüense, demandando que sea creíble y legítimo.
La preocupación de la comunidad democrática internacional por las elecciones de Nicaragua, aumentó después de que el régimen de Daniel Ortega impuso las reformas y medidas electorales restrictivas, excluyentes y represivas.
Nicaragua se encamina a “la peor elección posible” por falta de garantías, aseguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su informe al Consejo Permanente. “El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria”, denunció el alto funcionario de la OEA. Además, Almagro precisó que las reformas electorales y el nombramiento del nuevo Consejo Supremo Electoral, “alejan aún más la posibilidad de contar con procesos transparentes, participativos y equitativos”.
El defensor de la dictadura en el Consejo Permanente de la OEA, Luis Alvarado, le negó derecho y autoridad al foro interamericano para discutir sobre las elecciones de Nicaragua. Pero Almagro fue contundente en su informe: “La Secretaría General de la OEA recuerda que la ausencia de pluralidad de partidos y la inexistencia de independencia y separación de poderes, violan flagrantemente los principios del sistema interamericano del cual Nicaragua es parte”.
En realidad, no vale decir, como dijo el delegado de Ortega, que la OEA no tiene derecho a intervenir en un asunto interno y soberano como es la elección de autoridades supremas. Lo que vale es que el Estado de Nicaragua está obligado a respetar y cumplir las normas de derechos humanos y las garantías democráticas, legales y políticas. La Carta Democrática Interamericana, de la que Nicaragua es parte, establece en su artículo 3 que “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, es un elemento esencial de la democracia. Ningún Estado miembro de la OEA puede ni debe incumplir esa obligación sin pagar consecuencias.
El Consejo Permanente de la OEA no aprobó ayer ninguna resolución, porque no le competía hacerlo. Es la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, la que puede y debe hacerlo, como lo hizo a principios de julio de 1979 cuando resolvió que el dictador Anastasio Somoza Debayle debía dejar al poder.
No es posible saber si el Consejo Permanente de la OEA convocará al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General, antes de “las peores elecciones” de Nicaragua que serán en noviembre. Ojalá que lo hiciera. En la sesión de ayer del Consejo Permanente se pudo observar que la correlación de fuerzas ha empeorado para Ortega.
La comunidad democrática internacional no puede permanecer impasible ante la tragedia electoral de Nicaragua. Y menos la de las Américas.
