Entre tantas injusticias y arbitrariedades que comete el régimen, me ha llamado poderosamente la atención la cometida contra el padre Damián Muratori, al negarle la renovación de su residencia en el país, al que ha dedicado 45 años de su vida atendiendo el Santuario Franciscano del Tepeyac en San Rafael del Norte.
El padre Damián, de origen italiano con una vida dedicada al servicio de la comunidad, es vicepostulador de la causa de beatificación del siervo de Dios Odorico D’Andrea en San Rafael del Norte, un sacerdote a quien se le atribuye haber evitado la muerte de cientos de nicaragüenses en tiempos de la guerra de la Contra con su oportuna mediación.
Siguiendo el ejemplo del padre Odorico D’Andrea, el padre Damián desempeñó un papel providencial el 8 de junio del 2018 durante el tranque de San Rafael del Norte, intercediendo con los tranquistas y simpatizantes del régimen, que tenían intención de enfrentarse, para que mantuvieran la calma y no se agredieran, y a la Policía que protegiera a ambos grupos, hasta que la tarde de ese día ambos grupos se dispersaron, evitando así lo que pudo haber sido una confrontación violenta, como tantas que se dieron en Nicaragua durante esos días aciagos.
Al parecer, este gesto humanitario y cristiano del padre Damián, que tuvo lugar hace 3 años, es lo que ahora ha inducido a las autoridades de Migración a no renovarle su residencia y darle 90 días de estadía, al cabo de los cuales le van a informar si se la extienden o no: “En otras palabras no me dijeron ni sí, ni no, así que no sé si me van a quitar definitivamente la residencia o me la van a dar”, declaró el sacerdote en una entrevista publicada en LA PRENSA el pasado 8 de mayo, firmada por el periodista Juan Bejarano.
Con este extraordinario servicio social, sumado a los 45 años de entrega a la comunidad de San Rafael, donde es muy querido, el padre Damián Muratori debería recibir con honores la ciudadanía nicaragüense, misma que ha sido otorgada sin méritos y con escaso tiempo de residencia a cientos de extranjeros, algunos de ellos incluso perseguidos en sus respectivos países por graves acusaciones de corrupción, como Mauricio Funes expresidente de El Salvador, quien recibió la ciudadanía nica el 30 de julio del 2019, como salvaguarda para no ser extraditado, porque nuestra Constitución prohíbe la extradición de los nacionales.
Muy cerca de Managua vive cocinando mariscos en su restaurante La Cueva del Buzo el nacionalizado, también de origen italiano, Alessio Casimirri, un condenado a seis cadenas perpetuas en Italia por el asesinato en 1978 del dos veces primer ministro italiano Aldo Moro, quien fue secuestrado por las terroristas Brigadas Rojas y 50 días después apareció acribillado en la maletera de un carro Renault rojo.
Casimirri llegó al país en 1983 y cinco años después obtuvo la ciudadanía nicaragüense, al parecer entonces era más difícil, lo que le protege de una segura deportación a su tierra natal.
Por lo visto, es tan fácil obtener la ciudadanía nica para los ideológicamente afines o afectos al régimen y cuán fácil puede ser perder la residencia para quienes el régimen considere —por los motivos más disparatados posibles— que simpatizan o cooperan con sus adversarios nacionales.
Pensemos hipotéticamente por un momento, ¿qué pasaría si el padre Damián Muratori después de vivir en nuestro país por 45 años fuese obligado a retornar a su nativa Italia? Seguramente se sentirá totalmente desubicado, ya que muchos de sus familiares habrán fallecido y no tendrá techo dónde vivir.
Muratori llegó Nicaragua en tiempos de Somoza, un 14 de marzo de 1976 y desde entonces, tras casi medio siglo, Italia ha cambiado mucho. Será muy complejo su proceso de adaptación a su segunda patria, porque su primera patria, aunque por injusticia el régimen no le conceda la residencia y ciudadanía, es Nicaragua.
El régimen, aún tiene 90 días para rectificar.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.