A pesar del luto, el asedio y las balas los estudiantes no se detenían y paralizaron el tráfico en la Carretera Panamericana en León. Anunciaron que el tranque se mantendría por tiempo indefinido en solidaridad con los estudiantes que fueron asesinados durante las protestas en el país y por las injusticias del régimen de Daniel Ortega, mientras en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) los jóvenes levantaron barricadas para enfrentar el asedio de turbas orteguistas.
Como señal de solidaridad con la lucha de los universitarios, pobladores de los barrios aledaños a la UNAN-Managua se presentaron a resguardar a los estudiantes ante las amenazas de ataques de la Policía y la Juventud Sandinista. En la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Upoli, universitarios resultaron envenenados cuando ingirieron bananos contaminados que fueron entregados en esa casa de estudios.
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Médicos se rebelan
En el municipio de Niquinohomo, del departamento de Masaya, las barricadas y los plantones en contra del régimen Ortega-Murillo continuaban. Los pobladores se reunieron ese día con la alcaldesa del lugar, Janeth Pérez, pero el encuentro no obtuvo ningún fruto, mientras en León los médicos decidieron rebelarse contra la ministra de Salud, Sonia Castro, e informaron que atenderían a los universitarios que necesitaran atención hospitalaria.
Por su parte, la Iglesia católica continuaba buscando un entendimiento entre los nicaragüenses. Los obispos emplazaron a Daniel Ortega a cumplir condiciones para el diálogo y buscar una salida a la crisis sociopolítica. Los religiosos demandaron cese a la represión, supresión de cuerpos paramilitares y permitir el ingreso de la CIDH para investigar crímenes.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tercera vez en menos de un mes, había solicitado al régimen de Ortega que se le permitiera el ingreso al país. La Comisión Porras era rechazada por la CIDH para que relatora de país, comisionada Antonia Urrejola, llegara a Nicaragua como apoyo técnico.
También senadores de Estados Unidos (EE. UU.) sugirieron a su gobierno que siguiera usando la Ley Global Magnitsky en Nicaragua, con la cual habían sancionado recientemente a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y señalado de actos de corrupción. Asimismo, EE. UU. y la OEA condenaron los ataques nocturnos contra universitarios en la Upoli.
