De manera más que significativa, mientras la Asamblea Nacional de la dictadura estaba aprobando las reformas electorales antidemocráticas y escogía a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), un hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo, dio a conocer una agresiva proclama política con el título “el rumbo está trazado”, en la cual asegura enfaticamente que ellos no están dispuestos a entregar el poder. Como si los nicaragüenses no lo supieran.
Las elecciones no son cualquier cosa. Se trata del mecanismo mediante el cual los ciudadanos ejercen su soberanía y eligen conforme a su conciencia a las personas que los gobiernan y representan en la toma de las decisiones grandes y pequeñas que son de interés nacional. Decisiones que afectan a todas las personas que habitan en el país y a las que viven en el extranjero, desde donde envían millonarias remesas que ayudan de manera determinante a sostener la economía nacional.
Para que las elecciones puedan cumplir ese propósito supremo, tienen que ser libres, justas y limpias. Y por lo tanto es indispensable que haya una ley electoral ecuánime y ajustada a derecho, y una administración electoral eficiente, independiente e imparcial. Pero en Nicaragua, ni la Ley Electoral con la reforma que se acaba de aprobar, ni el Consejo Supremo Electoral que ha sido elegido por los diputados, reúnen esos requisitos que son los que dan validez y legitimidad al resultado del acto electoral.
En 1989, en condiciones no iguales, pero sí parecidas, el régimen sandinista aprobó unas reformas electorales que a pesar de que no tomaron en cuenta todas las demandas de la oposición, sin embargo fueron aceptables. Además el régimen permitió la incorporación al CSE de dos magistrados propietarios y dos suplentes, en representación de la oposición. Y se permitió una amplia observación internacional independiente y calificada, todo lo cual hizo posible que las elecciones de 1990 fueran básicamente libres, competitivas, limpias y legítimas.
El Consejo Supremo Electoral tenía cinco magistrados propietarios y cinco suplentes. En su mayoría fueron propuestos por el FSLN, pero se trataba de personas honorables que pusieron a un lado su filiación o su simpatía sandinista, reconocieron que la Unión Nacional Opositora (UNO) y doña Violeta habían obtenido la mayoría de los votos, y proclamaron su victoria aunque no le gustara a los engreídos comandantes sandinistas.
También hay que recordar que en las reformas a la Ley Electoral que se hicieron en 1989, el régimen sandinista no impuso exclusiones de candidatos y aceptó que la UNO recibiera financiamiento externo solidario, aunque el gobierno se quedó con una buena parte del dinero.
La explicación de lo ocurrido en 1990, es que Daniel Ortega y los demás comandantes sandinistas creían que ganarían las elecciones y por eso aceptaron poner en disputa el poder. Pero ahora Ortega tiene claro que limpiamente no hay manera de que pueda ganarlas. Eso explica el porqué de las reformas electorales fascistoides aprobadas este martes 4 de mayo; y la turbia calidad de los magistrados electorales que han sido designados por la Asamblea Nacional de la dictadura.
