Sin embargo, la muerte del adolescente de 15 años, Álvaro Conrado, provocó indignación nacional e internacional, fue alcanzado por un disparo cuando se dispuso a llevar agua a los universitarios que protestaban, el hospital Cruz Azul no quiso atenderlo y falleció en el hospital Bautista.
La población empezó a quemar y derribar los árboles de hierro, conocidos como «arbolatas», que el régimen había venido instalando en Managua.
En León las protestas se intensificaron, producto de ellas hubo incendios, heridos y represión policial. Pobladores del lugar se apostaron en las calles para manifestarse en contra de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Mientras, en Managua los antimotines reprimían a ciudadanos que marcharon de forma pacífica en Carretera a Masaya contra dichas reformas.
La violencia aumentaba y la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosario Murillo, insiste en minimizar el alcance nacional de las protestas. Calificaba de «grupos minúsculos» a los opositores, pasó de justificar la violencia ejecutada por sus turbas y policías a amenazar a los pobladores inconformes con sus políticas.
Contra medios de comunicación
Ese día el régimen se propuso callar a todo aquel que pudiese servir de eco de las demandas de la población. Hace tres años se da el atentado contra Radio Darío en León y sacaron del cable la transmisión de 100% Noticias, los comunicadores alzaron la voz en demanda para el retorno de la señal del medio de comunicación.
Las turbas del régimen, que actúan con total impunidad y en complicidad con la Policía, golpearon al fotógrafo Uriel Molina, del Diario LA PRENSA, y lo despojaron de su equipo de trabajo cuando daba cobertura a los hechos. Sus herramientas laborales estaban valoradas en más de 4,000 dólares.
Por otro lado, miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) llamaron a sus trabajadores a marchar. El bloque gremial empresarial tomó la iniciativa para pedirle al Gobierno que se abriera al diálogo en momentos que existía presión para revocar las reformas a la seguridad social.
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Por separado, varios obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) condenaron la represión gubernamental contra los estudiantes y la sociedad civil que mantenían las protestas en Managua, Masaya, Granada, León, Rivas, Chinandega, Carazo y Matagalpa, en rechazo a las reformas a la seguridad social que aprobó el régimen de manera unilateral. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a Ortega respeto a las protestas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo instó a evitar ataques contra manifestantes y medios de comunicación.
