Un día como hoy, pero de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo provocó “la gota que derramó el vaso” e hizo que explotara la olla de presión social. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ordenó aumentar el aporte de los trabajadores y reactivó la deducción del 5 por ciento a los pensionados. También ordenó aumentar el aporte de los empleadores y del Estado, así como cambiar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones. Se eliminó el salario máximo cotizable.
Con esta reforma los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quienes hasta este momento habían mantenido una relación estable con el régimen bajo lo que denominaron como la alianza público-privada, dieron por finalizada esa cercanía. Con la reforma al INSS, que no fue consensuada con los empresarios, se logró el divorcio de estos dos actores. El régimen criticó que el Cosep estaba condicionando los ajustes al INSS a una reforma tributaria, donde se tenían que abordar aspectos relacionados con exoneraciones y exenciones.
Paralelo al rompimiento de la relación entre el Cosep y el régimen, ciudadanos llegaron a protestar frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), por lo que la Policía mandó a colocar a más de 150 agentes para intentar imponer el miedo en los inconformes.
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Soluciones para incendio en Reserva Indio Maíz
Las reacciones por la tragedia ecológica en la Reserva Indio Maíz ya estaban bajando de tono, al igual que las críticas al régimen por el mal manejo que demostró. Ese día el Gobierno Territorial Rama y Kriol demandó al régimen que, tras el incendio, los involucrara en el plan de resguardo de la zona afectada.
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Mientras, funcionarios del Instituto Nicaragüense Agropecuario y Forestal (Inafor) anunciaron sus intenciones de plantar 25 millones de árboles en el 2018. La reforestación sería prioritaria en las zonas que fueron afectadas por los diferentes incendios forestales durante la estación seca.