
Jóvenes universitarios autoconvocados se reunieron frente a la Universidad Centroamericana (UCA) para protestar por la falta de respuesta del Gobierno al desastre ambiental. La actividad no duró mucho por la presencia de turbas progobierno que amenazaban en los alrededores.
Ese día los nicaragüenses conocieron de una nueva tragedia ambiental. Un voraz incendio afectó extensas áreas de bosques de pino, desde el cerro La Cruz hasta el kilómetro 238 de la Carretera Panamericana, en el municipio de Dipilto, Nueva Segovia. En el lugar miembros de las brigadas comunitarias y oficiales de la Policía Orteguista intentaban sofocar el incendio con ramas, palas, machetes y rastrillos, el cual avanzaba con dirección hacia el norte. Una vez más, medidas poco efectivas ejecutadas por el régimen en contra de este tipo de eventos.
Acompañando a las afectaciones contra la naturaleza, el tema del Seguro Social seguía sobre la mesa. Los jubilados anunciaron que adelantaban sus salarios para poder comprar medicinas. El presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Unajupam), Rigoberto Muñoz, explicó que la escasez y racionamiento de las medicinas había persistido desde el 2017, las quejas relacionadas a la atención en salud seguían multiplicándose.
Críticas a dictaduras y deterioro de libertad de prensa
Un día como hoy en 2018, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un informe, subrayó el anuncio realizado por Rosario Murillo, vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, de regular las redes sociales y expresó preocupación por el deterioro de libertad de prensa en Nicaragua. Ya iniciaba el interés del régimen por controlar la libertad de expresión en las plataformas digitales.
También se desarrolló la Octava Cumbre de las Américas y mientras la mayoría de los presidentes latinoamericanos que participaron del evento preparaban una declaración de rechazo a las elecciones de Venezuela, en Nicaragua el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, se quejaba y señalaba que la Cumbre “ha entrado en un proceso de debilitamiento”. Ortega no participó en dicha reunión y a Venezuela le revocaron la invitación.
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LA PRENSA informó sobre el abuso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes, a un año de entrada en vigencia de la Ley 902 o Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN ), dieron a conocer mediante Acuerdo 39, Instrucciones Generales de carácter procedimental para que jueces y demás personal involucrado apliquen el nuevo procedimiento oral. Abogados criticaron que dicho acuerdo creaba un código paralelo y que permitía a los administradores de justicia interpretar la ley, trabajo que corresponde a los diputados de la Asamblea Nacional.