La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre personas trans y de género diverso, y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), centrándose en el análisis del derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo y a la seguridad social.
La urgencia por realizar dicho informe se presenta por los datos alarmantes relacionados con la corta expectativa de vida y los altos niveles de violencia y discriminación contra las personas trans y de género diverso en la región, ya que al no ser reconocida su identidad de género se enfrentan al rechazo en el hogar, en las escuelas, en los puestos de trabajo, etc., que muestran el cuadro sistemático de exclusión que vive este grupo.
“La CIDH estimó necesario avanzar en la producción de este informe específico sobre la población trans y de género diverso en América, con el fin de identificar los principales obstáculos y barreras para su plena inclusión social, así como las buenas prácticas desarrolladas hasta el momento y sus resultados, haciendo foco en el derecho al reconocimiento de la identidad de género y, en particular, en el pleno goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, se lee en el informe.
Derecho al reconocimiento de la identidad de género
El reconocimiento de la identidad de género y la posibilidad de que las personas trans y de género diverso puedan portar un documento de identidad de acuerdo al género con el que se identifique es de suma importancia, señala la CIDH en el informe, ya que tener este documento legal abre las puertas para el goce de otros derechos como la salud, educación y trabajo.
“La imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, lo cual torna urgente la necesidad de que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia”, plantea la CIDH en el informe.
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En este tema se mencionó el ejemplo de países como México, Colombia, Uruguay y Costa Rica, que han adoptado medidas para el reconocimiento de la identidad de género mediante trámites administrativos. Asimismo, se hace un llamado a los Estados a no exigir requisitos que resulten patologizantes, ultrajantes o abusivos para las personas solicitantes en procesos de ratificación integral pues el único requisito que se debe exigir es el consentimiento libre e informado de la persona solicitante.
“Entre los requisitos incompatibles con la Convención se encuentran la acreditación de cirugías, terapia hormonal o cualquier otro tipo de modificación corporal; la esterilización forzosa; la presentación de evaluaciones actitudinales o certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos; acreditación de diagnósticos de disforia de género, de trastornos de la identidad de género, o de cualquier otra índole; acreditación de testimonios que den fe sobre la veracidad de la solicitud; acreditar expectativa de estabilidad o haber vivido socialmente en la identidad en la que la persona solicitante desea ser reconocida (también llamado ‘test de la vida real’), entre otros”, detalla el informe.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
En el informe la CIDH señala que la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) es otra parte fundamental en la inclusión y respeto de los derechos de las personas trans y de género diverso.
En este caso, el Protocolo de San Salvador es el que señala con más claridad las obligaciones de los Estados con respecto a los Desca.
«El Protocolo reafirma la integralidad de todos los derechos humanos, enfatizando que ‘todos los derechos inherentes a la persona humana constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana’. En el texto se consagra la protección a diversos derechos como derecho al trabajo, condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo; derechos sindicales, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, entre otros. Asimismo, el Protocolo de San Salvador consagra el principio de igualdad y no discriminación, y la obligación de adoptar medidas internas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos dispuestos en su texto”, se lee en el informe.
Debido a que la exclusión histórica de este grupo ha significado un bloqueo en el acceso a derechos fundamentales como el derecho a la salud, derecho a la educación, incluso el derecho a la vida, la CIDH propone la adopción de acciones afirmativas que son destinadas a superar las desigualdades de distintos grupos, como por ejemplo, facilitar el acceso de las personas trans y de género diverso a espacios e instituciones educativas, recurriendo a la creación de tutorías, asesorías, cupos o cuotas, becas, subsidios o exenciones especialmente destinadas a personas trans o actividades de nivelación, como lo han hecho países como Brasil y Argentina.
“Estas medidas son excepcionales, tienen un objetivo específico, y su temporalidad está sujeta a que los resultados esperados hayan sido alcanzados y se hayan mantenido en el tiempo. Estas medidas son temporales, y progresivas y buscan fomentar el proceso de construcción de la igualdad, en el esfuerzo por sociedades más justas, diversas e igualitarias”, refiere el informe de la CIDH.
Por otra parte, con respecto al derecho al trabajo, las personas trans y de género diverso deben enfrentar barreras que tienen que ver con la falta de oportunidades educativas, la falta de reconocimiento de su identidad, los altos niveles de prejuicio y discriminación, entre otras. Por esta razón, la CIDH también propone poner en práctica medidas de acción informativa, poniendo como ejemplo la creación de leyes que exijan un porcentaje del cupo laboral para personas de género diverso, como lo realizó Uruguay con la Ley de Empleo Juvenil.
Al concluir el informe la CIDH brindó recomendaciones para el disfrute de los DESCA de las persona trans y de género diverso, por ejemplo recomienda adoptar medidas necesarias para garantizar el estándar de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la discriminación y violencia contra las personas trans.
Asimismo, recomienda adecuar el marco normativo con el fin de normalizar el ejercicio de la identidad y expresión de género. Implementar políticas y programas para promover los derechos de este grupo vulnerable que sean “integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género”.
Por otro lado recomienda promover campañas sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección, realizar actividades de capacitación, periódicas y sostenidas, para funcionarios públicos sobre la identidad y expresión de género, entre otras.
