A casi un mes para que concluya el plazo fatal establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que en Nicaragua se concreten las reformas electorales mínimas requeridas para realizar elecciones justas y transparentes en noviembre próximo, el régimen de Daniel Ortega continúa sin dar señales de que vaya a hacer dichos ajustes, lo que supone un desafío para la oposición que se está organizando para participar en dichos comicios y deberá decidir si participará o no, de cuya decisión dependerá la legitimidad de los resultados del proceso.
La resolución llamada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, emitida por la OEA, tiene como plazo final mayo para que haya concluido el proceso de reformas institucionales y electorales demandadas por la oposición nicaragüense, pero hasta la última semana de marzo todavía no se habían iniciado las mismas.
Para Juan Sebastián Chamorro desde ya la dictadura de Ortega ha incumplido esta resolución. “Estamos a un mes del plazo que puso la OEA y en realidad es el plazo para decir que ya tenían que estar culminadas las reformas. Ya prácticamente se dio un incumplimiento de la dictadura porque no ha ni siquiera iniciado. No sabemos si al final las terminará haciendo”, dijo el aspirante a participar en la contienda como candidato a la Presidencia.
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Ahora la oposición se encuentra en un momento clave en el que debe de prepararse ante los posibles escenarios que podrían darse de aquí a un mes.
Organizaciones fuera
Luis Fley, miembro de la Coalición Nacional y también precandidato, sostiene que pese al atraso que hay ante la urgencia de estas reformas, la dictadura solo tiene como salida realizarlas. Es decir no tiene otro camino. Fley dice que toda la presión internacional está contra Ortega y pone como ejemplo la reciente presentación de la iniciativa de Ley Renacer en Estados Unidos.
“El Congreso norteamericano ya detectó la falta de voluntad política de Daniel Ortega y prepara sanciones para el dictador y su círculo. Eso trae inestabilidad al país”, explicó Fley.
El jueves pasado fue presentada esta iniciativa de ley ante el Congreso de los Estados Unidos, llamada Ley Renacer que ampliaría las razones por las que miembros del régimen de Daniel Ortega podrían ser sancionados por la actual administración de Joe Biden, quien si bien hasta ahora no ha aplicado sanciones con los instrumentos legales que tiene activos, sí se ha pronunciado a favor de que en Nicaragua haya elecciones transparentes en noviembre.

La Renacer sancionaría a los funcionarios que “obstruyan directa o indirectamente” la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Entre los posibles afectados estarían miembros de la Policía, Ejército, miembros del Frente Sandinista, Consejo Supremo Electoral y familiares de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hasta el momento, una de las pocas señales de la dictadura sobre el tema de las reformas fueron las recientes declaraciones del diputado sandinista Wilfredo Navarro. “El Gobierno tiene listas sus propuestas de cambios y ajustes que están dentro del marco contenido en el Memorándum de Entendimiento con la OEA, y que están referidas a temas eminentemente técnicos y de procedimientos y de perfeccionamientos del proceso”, dijo a la Voz de América.
Navarro también señaló que estas reformas solo serán discutidas con los partidos políticos y señaló que organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales no serán tomadas en cuenta y quedarán fuera de este proceso.
No aceptarán “medias reformas”
Sobre la posibilidad de que Ortega realice reformas “cosméticas y a su medida”, Chamorro sostuvo que ante este posible escenario la oposición debe tomar una decisión al respecto y reafirmó que estas reformas no deben ser básicas y que se debe tomar la decisión de participar o no en esas condiciones. Pero dijo que personalmente él prefería participar para demostrar un posible fraude.
“Siempre he dicho que la alternativa de no ir a elecciones en el escenario de no reformas elimina la posibilidad de demostrar el fraude. No soy muy amigo de quedarme en casa en noviembre. Hay que luchar por las reformas electorales y lograrlas y no darle el gusto a la dictadura que trata de desmotivar la participación”, dijo Chamorro.
Por su parte Luis Fley fue tajante y aseguró que si no hay reformas profundas y creíbles, él no participaría de ninguna manera.
“A título personal no voy a participar en ninguna elección que no reúna las garantías necesarias para que sean elecciones transparentes. No me voy a prestar a ningún mamarracho de elección”, dijo el antiguo miembro de la Contra.
Represión en aumento
Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, manifestó en una entrevista hace varios meses que con voluntad política estas reformas podrían llevarse a cabo en un corto tiempo. Además, señaló que algunas de las condiciones mínimas para que estas sean unas elecciones creíbles pasan por el cambio de los magistrados actuales del Consejo Supremo Electoral, por magistrados profesionales y con ética.
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José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, agregó a este respecto que tienen un peso importante la observación nacional e internacional, la depuración del padrón electoral, la transparencia en el conteo y “la necesaria y urgente liberación de todos los presos políticos”.

Al mismo tiempo Pallais denunció que la dictadura ha elevado los niveles de represión contra la oposición en los departamentos y municipios.
“Estamos viendo en estos últimos días que, en las reuniones opositoras en los departamentos y municipios, los policías llegan a las casas y sacan a los opositores y a los que detectan que andan organizándose los citan en la Policía para amenazarlos”, dijo el exdiputado quien reconoce que en estas condiciones sería difícil realizar una campaña política.
Si finalmente no existen condiciones creíbles y Ortega comete fraude, Pallais adelantó que las acciones a tomar se debatirían dentro de la Coalición Nacional y dejó entrever que no reconocerían los resultados y llamarían a la comunidad internacional a desconocer a Ortega.

“La oposición tiene claro cuáles son las condiciones básicas y necesarias para que el voto se respete. Hay que evaluar qué tipo de reformas se hacen”, dijo.
Chamorro manifestó que lo único que le queda a la población y a la oposición es seguir exigiendo dichas reformas y presionar para forzar al régimen a ceder.
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“Ortega no es un demócrata. Hay que presionar de manera interna y externa para arrancar las reformas. De mantenerse estas condiciones físicamente no se podrá hacer campaña y la represión debe de bajar. Si se hacen reformas y no se permite la manifestación entonces no se hizo nada”, apuntó Chamorro.
Desde la oposición se mantienen a la espera del siguiente movimiento de Ortega, pero están claros que deben de prepararse para cualquiera de los escenarios posibles.