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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, ha hecho alarde de supuestos beneficios que ha otorgado a las mujeres en materia de equidad laboral, al darles mayor participación en cargos públicos. Si bien hay más nombramientos de mujeres en cargos públicos —59 de 126 cargos públicos actualmente— la realidad es que ellas tienen poca o ninguna capacidad para tomar decisiones. Para el régimen, las mujeres están relegadas a funciones decorativas y para mejorar su imagen en el exterior con estos números, aseguran defensoras de los derechos de las mujeres.
Para muestra una escena: el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Daniel Ortega sentó a seis mujeres junto a él. Eran seis funcionarias de diferentes ministerios, algunas de ellas poco o nada conocidas. En el acto no importó el cargo que ocupaban, fueron invitadas para «adornar» el discurso del régimen y para escuchar el monólogo de Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada.
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La paridad de la que tanto se ufana el régimen se trata solo de cantidad y no de calidad o capacidad de opinión, incidencia y acción, señalan expertas, aunque la dictadura insista además en que «se han creado ministerios y reforzado las instituciones y derechos humanos para garantizar que la mujer no sea vulnerada». La única que tiene voz, voto y poder, eso sí, es la primera dama, vicepresidenta designada y vocera plenipotenciaria del régimen, Rosario Murillo.
Paridad de género, otra estadística del régimen
La consigna del régimen sobre ser defensores de la «dignificación de la mujer y promotores de la igualdad y equidad de género» tomó fuerza en 2012, cuando Ortega —mediante una legislación— aprobó la Ley 50-50, que reformó la Ley de Municipios, con la que estableció la paridad de género e igualdad de derechos y oportunidades. Con esta ley, el Gobierno se propuso elevar la participación femenina a lo largo y ancho de todo el estamento público.
Aunque en la Asamblea Nacional, ministerios e instituciones estatales haya ahora más mujeres involucradas o en puestos de mando y refleja una relativa paridad numérica, lo cierto es que al final las fichas masculinas mantienen una ligera ventaja en los cargos y sobre todo detrás de algunos nombramientos, los tomadores de decisiones siguen siendo los hombres.
Ejemplo de ello es el caso de la ministra de Educación, Miriam Raudez, quien está en el cargo desde el 2010 y a pesar de ser la máxima autoridad en esta institución, las funciones más importantes las ejecuta el ministro asesor del presidente en temas de Educación, Salvador Vanegas. Al funcionario se le puede ver semanalmente brindando informes de las actividades escolares que realizan los centros educativos, dando órdenes o bien figurando en anuncios importantes del Ministerio de Educación.
Al respecto, Evelyn Flores, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, consideró que para hablar de equidad de género, primero se deben de respetar las decisiones que tomen las mujeres dentro de sus puestos de trabajo, y cuestionó que muchas de ellas no tienen ni la capacidad para decidir, por lo que ve esta paridad solo como un dato estadístico del régimen.
«Si no les permiten tomar decisiones y tener su propia voz, liderar y gerenciar un ministerio o institución, entonces no estamos hablando de nada, solo son números de tener ahí el 50 por ciento, pero que no toman decisiones y no ejercen una agenda que vaya a beneficiar a más del 51 por ciento de la población que somos las mujeres. Aquí no es solo decir que estoy cumpliendo con un dato, esto se tiene que convertir en cosas operativas», manifestó Flores.
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Por su parte, Martha Flores, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), sostiene que la Ley 50-50 fue solo parte de una campaña electoral del régimen de Ortega, previo a su segundo mandato, y si bien reconoce que las mujeres comenzaron a ocupar más lugares, estos no fueron de gran relevancia, más bien se les ocupó para tener una figura femenina, «pero no para que ellas tuvieran poder y (poder) decidir».
Flores recuerda que durante décadas han sido los grupos feministas del país quienes han reclamado una mayor representación de las mujeres en instituciones del Estado, y el cumplimiento de las leyes creadas como la Ley 50-50.
Nombramientos a mujeres, pero ataques colectivos feministas
Entre las mujeres que se sentaron al lado de Ortega, durante el acto realizado el 8 de marzo, estaba Jessica Padilla Leiva, titular del Ministerio de la Mujer. La ministra que en su rol debería garantizar la participación de las mujeres en el sector económico, social, cultural y político, pero que se desaparece para condenar los casos de violencia machista, violaciones, secuestros y femicidios que se registran en el país.
El Ministerio de la Mujer fue creado en el 2013, sin embargo, movimientos feministas han denunciado la nula acción por parte de dicha entidad en problemas de violencia, agresión y abusos hacia la mujer. Pese a que las organizaciones feministas han abanderado la lucha por los derechos de las mujeres, el régimen de Daniel Ortega las ha excluido, atacado y perseguido con leyes restrictivas para sus organizaciones, y ha dejado solo a personas y movimientos afines a su línea política partidaria.
«Hay un montón de mujeres en cargos y no se les escucha su voz, que estén en sintonía con lo que dice el pueblo. ¿Cuándo hemos visto a una funcionaria pública diciendo cosas concretas para condenar el machismo, las conductas violentas? Por el contrario, son las mismas instituciones que cometen abuso de poder», cuestionó al respecto Evelyn Flores.
En este sentido, la representante de CDD refirió que el actual escenario de las mujeres en los espacios públicos corresponde al actuar de una dictadura, que obliga a sus funcionarios a obedecer sus intereses políticos.
«Estamos en una dictadura y ellas (las mujeres) no toman decisiones en ningún puesto que está dentro del Estado. Las luchas feministas han venido exigiendo esos derechos por la igualdad, pero que sea no solo como una representación femenina, sino que también tener ese poder de decidir en todos los lugares públicos. La igualdad de derecho es una de nuestras luchas, dar ese salto a la verdadera paridad, porque mientras estemos en una dictadura no podemos hablar de equidad», remarcó Flores.
Cargos sin pena ni gloria
Más allá del «50-50», ¿qué tanto poder tienen las mujeres en las instituciones públicas que presiden? LA PRENSA le presenta algunos nombres y cargos de funcionarias del Estado que han sido relegadas.
Reyna Rueda, alcaldesa de Managua. El 5 de noviembre de 2017 Rueda ganó las elecciones municipales y en enero de 2018 tomó posesión de su cargo. La funcionaria de la dictadura se destaca como una administradora de empresas, pero su puesto como alcaldesa desde un inicio se ha visto eclipsado por la figura de Fidel Moreno, secretario general de la comuna, quien controla todo lo relacionado con esa entidad.
A Rueda solo se le ve realizando funciones decorativas como las visitas a los mercados para promover actividades de la comuna o durante las sesiones que acostumbra realizar la Alcaldía. No se conoce que ejerza mayor acción que esa. Moreno, en cambio, es el encargado de presentar y coordinar desde los proyectos mayores como grandes carreteras hasta desarrollos urbanísticos que el Gobierno impulsa en Managua. Además, es quien figura y acompaña a las familias de la capital en momentos de catástrofes naturales, como las inundaciones de cada invierno o los incendios en el mercado Oriental, principal centro comercial del país.
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Si bien, otras funcionarias del Gobierno no son relegadas directamente por una figura masculina —como el caso de Fidel Moreno y Salvador Vanegas—, lo cierto es que con el régimen en el poder este sector dentro de las instituciones debe someterse a las decisiones de Ortega y Murillo. En caso de no cumplir cabalmente sus órdenes, son destituidas sin dar justificaciones públicas o removidas a otro puesto de más bajo perfil.
Tal es el caso de la doctora Carolina Dávila, quien fungió como ministra de Salud por un periodo transicional de 9 meses, del 26 de julio de 2019 al 1 de abril de 2020. El régimen de Daniel Ortega la destituyó como ministra de Salud y la nombró «ministra asesora del presidente de la República para asuntos del Sistema Local de Atención Integral en Salud Managua (Silais-Managua)».
En lugar de Dávila, Ortega nombró a Martha Verónica Reyes Álvarez como la máxima jerarca de Salud en Nicaragua. Reyes, hasta el 1 de abril de 2020, ocupaba el cargo de directora de Vigilancia para la Salud en el Minsa. A la funcionaria del régimen actualmente se le ha visto en eventos importantes como el recibimiento de las vacunas que han sido donadas. También ha hecho presencia en el proceso de vacunación contra el Covid-19 en hospitales públicos.
Sonia Castro actualmente es la ministra asesora del presidente de la República para temas de salud. Fue retirada de su cargo como ministra de Salud el pasado 26 de julio, después de ser sancionada por Estados Unidos y Canadá, por violaciones a los derechos humanos. Castro estuvo como titular del Minsa desde marzo del 2010. Si bien ahora no es la máxima jerarca de la institución, continúa ejecutando las órdenes de la Presidencia, aunque quien firma en el papel sea la doctora Reyes.
Maritza Espinales, diputada sandinista y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Es diputada por Managua de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde enero de 2012. Su profesión es bibliotecóloga y no tiene otros estudios, según el perfil publicado en la página web de la Asamblea Nacional. Integra las comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social y la de Modernización.
Guiomar Irías, presidenta del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). Fue nombrada oficialmente en enero de 2017, cuando Ortega comenzó este tercer período gubernamental en curso (2017-2022).
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Wendy Morales Urbina, procuradora general de la República. Antes de llegar a ese cargo, Morales fue subprocuradora general cuando Hernán Estrada Santamaría era el procurador general. Morales Urbina fue nombrada como procuradora general de la República el 9 de mayo de 2019, tras la renuncia sorpresiva del exprocurador Estrada, el 7 de mayo, por supuestos problemas de salud.
Fanny Sumaya Castillo fue nombrada ministra del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) el 10 de mayo de 2019. Castillo Sucedió a María José Corea quien estuvo en el cargo durante un año y cuatro meses, y decidió renunciar. En ese mismo año también fue nombrada codirectora del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Indiana Raquel Fuentes, de acuerdo con La Gaceta, fechada el lunes 6 de mayo de 2019.
Para la activista Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el sentido de la Ley 50-50 siempre ha sido garantizar la participación de las mujeres en espacios políticos, pero aterriza que en un gobierno «dinástico» ninguna ley tiene cabida y «ninguna participación es autónoma», ya que todas están supeditadas a la voluntad de la pareja dictatorial.
«En la dictadura en que vivimos ninguna de estas leyes tienen efecto y nadie (…) ninguna persona en este país, bajo la dictadura de Ortega y Murillo, tienen ningún poder. No importan las políticas de paridad, ellos pueden tener 50 por ciento de mujeres en los cargos públicos, pero no hay toma de decisión, por tanto ninguna ley es realmente representativa según el espíritu por la cual fue creada, y esta no es la excepción», señaló Dávila.
