Hay 125 nicaragüenses en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Un total de 115 presos políticos relacionados al contexto de la crisis social y política que se originó en abril de 2018 y otros 10 ciudadanos desde fechas anteriores reportó este viernes, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas con datos al 5 de marzo.
Según la organización nacional, en el último mes (del 5 de febrero al 5 de marzo de este año) conocieron de al menos 12 denuncias de detenciones que podrían tener vinculaciones políticas. De estas, la mayoría fueron liberadas en el transcurso del las 24 horas siguientes. Se mantienen en cárceles al menos cinco personas, de las cuales una ha sido agregada a la lista de este mes y el resto continúa en estudio.
La cifra de reos de conciencia en agosto del 2020 era de 88, pero el régimen Ortega-Murillo ha continuado con la «cacería» de opositores y el número ascendió a 115. Del total de presos, 110 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua, mientras que 5 están en delegaciones de la policía.
El Mecanismo está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, que garantizan datos actualizados y verificados de personas presas políticas posteriores a abril de 2018.
Presos políticos detenidos antes de abril 2018
Nueve de las 10 personas presas políticas previas al contexto de abril 2018 fueron detenidas en 2014 a excepción de una, quién guarda prisión desde 2011. Los detenidos son hombres y se encuentran con estatus judicial de condenados, con un promedio de 98 años de condena.
Los presos políticos detenidos antes de las protestas ciudadanas referidas al contexto de abril son: Marvin Vargas Herrera, Leonel Póveda Palacios, Jairo Obando Delgadillo, José Meza Raudez, Rosendo Huerta González, Eddy Gutiérrez Delgadillo, José Cortés Dávila, Zacarías Cano Angulo, Walter Balmaceda Ruiz y Wilfredo Balmaceda Castrillo.
El Mecanismo explicó que dada la limitación de información por parte de las autoridades pertinentes, la información de este reporte es recopilada por medio de denuncias en redes sociales, monitoreo de medios de comunicación y denuncias públicas, así como denuncias de familiares de los afectados o la ciudadanía en general a organizaciones de derechos humanos nacionales. «No en todos los casos ha sido posible su verificación y puede contener un margen de error», indicaron.
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Casi tres años en prisión
Del total de presos políticos, 111 son hombres, 3 mujeres y 1 mujer transexual, recluida en un penal para varones. El 61 por ciento estos fueron detenidos entre el 2020 y el corriente año. El restante 39 por ciento fueron capturadas durante 2018 y 2019, es decir, un amplio grupo de opositores al régimen llevan entre dos y casi tres años en prisión.
Un total de 36 reos de conciencia, son personas excarceladas políticas quienes fueron liberadas y beneficiadas por la Ley de Amnistía, sin embargo, luego fueron recapturadas por oficiales de la Policía. Algunos se enfrentan por segunda, y en algunas casos hasta por tercera vez, a procesos judiciales cuyas violaciones al debido proceso han sido ampliamente documentadas y denunciadas tanto por familiares como por organismos defensores de derechos humanos.
El Mecanismo reporta que en el año 2019, cinco personas excarceladas fueron recapturadas por la Policía, mientras que en el 2020 la cifra aumentó a 28. En lo que va del 2021 van tres.
Los tipos penales por los que son con mayor frecuencia judicializados los presos políticos, durante este periodo, incluyen delitos de delincuencia común, tales como: posesión, tenencia o tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas.
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Abusos en los sistemas penitenciarios
Un 40 por ciento de los casos de personas presas políticas judicializadas actualmente han sido procesadas por delitos relacionados a posesión o tráfico de estupefacientes. «Esta tendencia se ha evidenciado en los casos de judicializaciones por razones políticas, luego de la aplicación de la Ley de Amnistía. Previo a la aplicación de esta Ley, los delitos mas comúnmente imputados eran crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros», señala el informe.
El Mecanismo informa que los malos tratos hacia los presos políticos por parte de los custodios del Sistema Penitenciario Nacional son constantes y han variado las formas a lo largo del tiempo. Denuncian que en la actualidad las principales formas de represión y persecución a los prisioneros y sus familiares consisten en: violencia de género, discriminación en otorgamiento de indultos, falta de asistencia médica y la inseguridad en las celdas.
El informe reconoce el trabajo de los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. «Reconocemos el trabajo de mecanismos y organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Gracias a la labor de defensoría, documentación e incidencia sistemática y comprometida, la situación de represión y violaciones a derechos humanos en Nicaragua continúa en la agenda pública internacional. Específicamente reconocemos esta labor como central en la denuncia y exigencia de libertad de los casos de detenciones y criminalizaciones políticas».
Esta iniciativa que da seguimiento a la situación de presos políticos exhorta a la población en general a que reporte la detención de reos de conciencia a las líneas de información: +505 8879-3343 y +505 8687-3298, o al correo electrónico: [email protected]
Recientemente, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a poner en libertad a las personas que
hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria y cesar las detenciones arbitrarias e ilegales, entre otros organismos internacionales que han pedido la liberación de reos de conciencia.
