Defensores de derechos humanos a nivel internacional hicieron un llamado a los estados a proteger el derecho al consentimiento informado de la población ante las vacunación contra el Covid-19. Remarcando que deben de proveer información «suficiente» y con soporte científico, para responder a las preocupaciones por las vacunas. Además, de crear campañas de comunicación que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.
“Garantizar el derecho de acceso a la información pública junto con la comunicación efectiva, son aspectos cruciales para el éxito de las estrategias de inmunización masiva frente al COVID-19 y la realización del derecho al consentimiento informado. Por ello, la Comisión, junto con su REDESCA y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE), llaman a los Estados a proveer información suficiente y con soporte científico para responder a las preocupaciones sobre las vacunas, aportando proactivamente información frente a las inquietudes ciudadanas -por ejemplo, sobre reacciones adversas o efectos secundarios- e invertir en estrategias de comunicación eficaces e inmediatas, como vía idónea para combatir la desinformación, el escepticismo y las noticias falsas”, mencionan en un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado dos de marzo, el gobierno inició el denominado “Programa de Vacunación Voluntaria Contra Covid-19”, colocando la primera dosis de las vacunas rusas Sputnik V a los nicaragüenses, sin embargo, este proceso de inmunización inició sin que el Ministerio de Salud (MIinsa) hiciera público el plan de vacunación y además, mostrando un formato de “Consentimiento Informado” que llamó la atención de expertos en Salud.
“Estoy satisfecho con la información recibida sobre la aplicación de la vacuna COVID-19 y los síntomas que puedan presentarse. En tal condición ACEPTO, voluntariamente que me apliquen la vacuna COVID-19, y eximo al Gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad ante eventos relacionados con ello”, se lee en el formato de consentimiento informado de una sola página del Minsa.
Dicho texto ha generado descontento y desconfianza en la población, pues es conocido que hasta la fecha no hay información clara sobre el comportamiento del virus en el país por parte de las autoridades sanitarias, por lo tanto expertos en salud consideran que es una falta al derecho al acceso de información, puesto que pretenden que el firmante afirme que ha recibido la información necesaria para tomar la decisión de vacunarse y eximir al gobierno de su responsabilidad de proteger a la población.
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“Aquí todas las vacunaciones son voluntarias, el problema nuevamente es el mensaje que le están transmitiendo a la gente, “si querés vacunarte, si no, no”, el papel del gobierno no es ese, el papel del gobierno no es esperar que la gente de forma pasiva llegue a vacunarse, el rol del gobierno y la responsabilidad del gobierno es promover que todo el mundo, ya sea por exposición en el caso de los trabajadores de salud, o por tener enfermedades crónicas, asista a vacunarse, es coordinar con las diferentes instituciones del estado, con la empresa privada, con las iglesias, con lo ONGs, más bien para captar más personas que requieran esta vacunación”, dijo el Doctor Leonel Argüello, epidemiólogo y Miembro del Comité Científico Multidisciplinario durante una conferencia de prensa virtual del comité.
Además, “hay un componente que no sabemos porque lo han incorporado, porque trae más problemas que claridades, y eso puede traer confusiones muy serias en términos de que nadie puede renunciar a un derecho básico constitucionalmente establecido, de modo que no se puede eximir al estado de una responsabilidad institucional como es su responsabilidad sobre la salud y el bienestar de cualquier ciudadano, entonces, ni el derecho es renunciable, ni el estado es eximible de su responsabilidad”, dijo el salubrista, doctor Carlos Hernández, también miembro del comité.
“Puede tener un efecto secundario que no es nada conveniente, porque cuando yo eximo al estado de las consecuencias que puede tener la vacuna en mí, casi que estoy aceptando que va a ocurrir algo malo, es decir, el ejercicio del derecho necesita sujetos de derecho consientes de que su derecho es irrenunciable, no debieron haber firmado (refiriéndose a los primeros que recibieron la vacuna y firmaron el documento del MINSA), por lo tanto, no estaban tan conscientes de su derecho”, agregó el doctor Hernández.
Falta de información genera miedo y ansiedad
Además de faltar al garantizar el derecho a la información, las acciones del gobierno de Nicaragua continúan afectando la salud mental de la población, pues según el Licenciado Javier Barreto, al leer lo que dice el consentimiento informado, puede generar dudas, ansiedad, miedo y desconfianza en la población sobre las vacunas.
“Lamentablemente, esto lo único que contribuye es a generar más desconfianza y todavía más incertidumbre…manejar esto con el secretismo con el que se está manejando, está contribuyendo a exacerbar las incertidumbre. Las autoridades sanitarias no están contribuyendo con esta parte del bienestar, no solo físico, sino de la salud mental y la estabilidad emocional de la población”, refirió Barreto.
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Consentimiento informado se complementa con información de vacunas y el Covid-19 en otros países
Mientras en Nicaragua el gobierno se limitó a presentar un consentimiento informado de una sola página, sin información sobre la vacuna, sus beneficios o sus efectos secundarios, limitándose a librar al gobierno y al Ministerio de Salud de responsabilidades, en otros países del continente americano, el formato de dicho consentimiento va acompañado de la información anteriormente mencionada.
En el caso del vecino país de Costa Rica, que inició la aplicación de vacunas en diciembre de 2020, el consentimiento informado que entregan a las personas que reciben la vacuna, y que está disponible en un sitio web, es un documento de 11 páginas que indica: quienes estuvieron involucrados en la elaboración del mismo, datos sobre el comportamiento del Covid-19 en dicho país, definición de términos necesarios para el entendimiento del documento, disposiciones de la aplicación de la vacuna, efectos secundarios, explicación de cómo se debe conservar la vacuna.
Otro ejemplo de esta práctica es Colombia, el país de América del Sur puso en funcionamiento una plataforma web, en la que se informa los turnos para ser inmunizados, en dicha plataforma, también se puede encontrar el formato de consentimiento informado que contiene datos sobre la vacuna, dosis, beneficios, riesgos.
En el formato utilizado por los colombianos en el acápite “expresión de la voluntad”, se lee: “Entiendo que la suscripción de este documento constituye una expresión autónoma de mi voluntad, y que NO tiene por objeto eximir de responsabilidades a las autoridades sanitarias o gubernamentales ni a las entidades que participaron en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2/COVID-19 de brindar la atención en salud que sea necesaria por la aparición de posibles reacciones adversas no reportadas”.
Acá un claro ejemplo de que dicho consentimiento no puede eximir al gobierno y sus instituciones de sus responsabilidades como pretende el gobierno de Nicaragua con su modelo de consentimiento informado.
