El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este viernes, a través de una nota de prensa, que impondrá restricciones de visado a las personas de cualquier parte del mundo que, «en nombre de un gobierno extranjero» reprimen, acosan, vigilan, amenazan, o dañan a periodistas, activistas u otras personas percibidas como disidentes por su trabajo.
La nueva política de restricción de visado se implementa en el marco del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que ocurrió en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en 2018, hecho por el cual dicha medida fue nombrada «Prohibición Khashoggi», en honor al comunicador árabe.
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«El Gobierno de los Estados Unidos anuncia medidas adicionales para reforzar la condena mundial de ese crimen y hacer retroceder a los gobiernos que traspasan sus fronteras para amenazar y atacar a periodistas y presuntos disidentes por ejercer sus libertades fundamentales», señala la misiva del Departamento de Estado.
Incluso en su misiva deja claro que estarán sujetos a esta restricción de visas «los familiares de dichas personas» bajo esta política, «cuando corresponda».
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«Como una cuestión de seguridad para todos dentro de nuestras fronteras, no se debería permitir que los perpetradores que apuntan a los disidentes percibidos en nombre de cualquier gobierno extranjero lleguen a suelo estadounidense», expresa el documento.
¿Qué significa para Nicaragua?
Desde abril de 2018, cuando la ciudadanía salió a las calles de forma masiva para exigir la salida del poder del dictador Daniel Ortega, su régimen ha emprendido un sistema de asedio, amenazas, persecución, arrestos y juicios contra ciudadanos, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación independientes, por denunciar y cuestionar los abusos y políticas autoritarias del Gobierno.
Para el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, esta medida de restricción de parte de los Estados Unidos viene a ampliar, en el caso de Nicaragua, el universo de posibles afectados por sanciones.
«Esto en el entendido de que el primer deber para prevenir la violencia contra periodistas y activistas es el reconocimiento que hacen las autoridades. Y por el contrario, cuando las autoridades descalifican y estigmatizan a los medios de comunicación, los periodistas y activistas, lo que hacen es alentar ataques en su contra y restricciones indebidas a su ejercicio profesional», explicó Pineda.
Sobre los posibles afectados por parte del régimen de Daniel Ortega con esta nueva política estadounidense, Pineda valoró que serán los funcionarios de nivel intermedio quienes no puedan ingresar a Estados Unidos.
«Consecuentemente, ya no estamos hablando de que el foco de estas sanciones va a ser a altos funcionarios de Gobierno, sino que funcionarios intermedios que, en actos de mero servilismo, cometan acciones para restringir la libertad de expresión y la violencia contra periodistas y activistas, sean destinatarios de estas medidas», argumentó el especialista en derechos humanos.
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Miles de nicaragüenses han tenido que exiliarse para esquivar la represión del régimen de Daniel Ortega. No obstante, los tentáculos de la dictadura han traspasado fronteras, y muchos de los exiliados han denunciado haber sido víctimas de persecución de personas adeptas al régimen.
Urge observatorio de derechos humanos
De acuerdo con Pineda, en Nicaragua urge de una especie de observatorio de derechos humanos o de monitoreo de la situación contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que cuenten con «un perfil de litigio estratégico que permita ir documentando e ir denunciando a las instancias pertinentes esta situación, (para que) de esa manera se aumenta la eficacia de esta medida».
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Ante este planteamiento, Pineda valoró que si se delega a la oposición este rol de denuncia respecto de esta medida, lo que se va a propiciar es un mayor número de inhibiciones en la participación política «atendiendo justamente las reformas legales que recientemente ha implementado el régimen para inhibir a la oposición».
«Con esta medida Estados Unidos retoma su compromiso internacional con el respeto con los derechos humanos, y particularmente con la libertad de expresión», agregó
Enviar datos de represores a la Embajada
La periodista Lucía Pineda Ubau, quien purgó varios meses de cárcel tras ser arrestada durante el allanamiento ilegal de la Policía Orteguista al Canal 100% Noticias en diciembre de 2018, valoró la medida de positiva por considerar que viene a restringir la entrada a suelo norteamericano a los seguidores del régimen que han violentado los derechos de la ciudadanía.
«La medida es excelente que se la apliquen a muchos adeptos del régimen de Daniel ortega que hablan del ‘imperio’ pero van a disfrutar del ‘imperio’ y se mantienen hostigando y amenazando a los periodistas», expuso Ubau.
Llamó a las personas que han sido víctimas de asedio, represión y hostigamiento, que hayan identificado a sus agresores, a enviar los datos de estas personas a la embajada estadounidense.
«Con seguridad que cada nicaragüense tiene su lista de quienes los han perseguido y reprimido solo por rechazar en vivir bajo la bota del régimen de Ortega y Murillo. Así que deberían de enviarla a la embajada americana para que la tomen en cuenta», recomendó la periodista.
Pineda considera que quienes se verán afectados con esta medida de Estados Unidos, van desde Daniel Ortega «que no ha sido sancionado y no tiene ninguna restricción», hasta sus funcionarios «como las ministras de Salud que han andado inaugurando los edificios robados a medios de comunicación y ONG, así también sus paramilitares y todos aquellos que amenazan a los periodistas en las redes sociales, son candidatos a que los desvisen», culminó.
