Para el exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, mientras la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo persista en mantenerse por la fuerza en el poder, violando las leyes y abusando de los derechos humanos de los nicaragüenses, Estados Unidos no solo continuará designando sanciones a funcionarios del régimen, sino que también incrementará el nivel de estas medidas, como ha sucedido en el caso de Venezuela.
Las últimas sanciones de Estados Unidos a la dictadura fueron anunciadas el pasado 17 de abril por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en la ciudad de Miami.
Las mismas incluyeron al hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, el encargado de la agencia gubernamental de promoción de inversiones ProNicaragua, que ha tenido como principal enfoque fortalecer las relaciones del régimen de sus padres con China y Rusia.
El segundo blanco fue el Banco Corporativo (Bancorp), propiedad de Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), sancionada por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con la última medida suman ocho sancionados, siete altos funcionarios de la dictadura y el Bancorp. Igualmente, decenas de visas han sido revocadas a funcionarios y personas vinculadas a la dictadura régimen Ortega Murillo.
“El centro de la red es Ortega y Murillo, Laureano Ortega es parte de esa red y lo que está haciendo (el Departamento del Tesoro) es aplicar sanciones al entorno cercano para ver si los principales responsables responden y cambian los hechos en Nicaragua”, manifestó Poblete.
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Hasta ahora las sanciones han sido individuales a través de la Ley Global Magnitsky (Glomag) y mediante dos órdenes ejecutivas (OE) promulgadas por el presidente de Estados Unidos, Donad Trump.
Aún no ha sido aplicada la Nica Act, promulgada el 20 de diciembre de 2018, que estipula sanciones en dos vías: individuales a nacionales y extranjeros, y de carácter gubernamental, que estarían dirigidas a las finanzas del régimen con el fin de bloquear accesos a créditos internacionales.
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En junio próximo se cumplen los primeros 180 días de promulgada la Ley Nica, y el Departamento de Estado deberá presentar un informe sobre la situación en Nicaragua, ante los diferentes comités del Congreso de Estados Unidos (Senado y Cámara de Representantes), sobre el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el Consejo Supremo Electoral; el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y el procesamiento de casos de corrupción pública; la protección de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de prensa, expresión y asociación, para todas las personas de Nicaragua, los partidos de oposición política, periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
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Igualmente, ese informe deberá incluir si el Gobierno de Nicaragua ha investigado y responsabilizado a los funcionarios del régimen orteguista y otras personas involucradas en los asesinatos de personas que participaban en las protestas; y sobre el cumplimiento de la celebración de elecciones libres, justas y supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles, estipulado por la ley para evitar la aplicación de sanciones.
Para el experto, la estrategia de Estados Unidos es de largo plazo. “Las sanciones son herramientas y el mensaje que está enviando Estados Unidos es que no va a permitir que personas o funcionarios que cometan abusos contra el pueblo nicaragüense tengan el privilegio de acceder al mercado estadounidense. Es una señal que indica que a los que el Gobierno de Estados Unidos identifique que estén involucrados en hacer mal no se les permitirá el acceso a la banca estadounidense, ni accesos a visados en Estados Unidos”.
“Nicaragua, un tema de seguridad nacional”
La dictadura de Ortega representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y para el hemisferio occidental. Por eso el enfoque está dirigido al trío de dictaduras, denominado por Bolton como “la troika de la tiranía”: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que cuentan con el respaldo de Rusia y China.
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“Estos han llegado para crear problemas en la región y que Estados Unidos se distraiga, están aliados con Cuba por asuntos ideológicos; en Venezuela, por el petróleo y porque es la puerta hacia los países andinos y crea problemas directos con Colombia; y Nicaragua sin ninguna duda es importante, es un país geoestratégico en Centroamérica. Si Nicaragua está revuelta, la región está revuelta y se necesita una región estable para el crecimiento y la estabilidad de la democracia”, apuntó el jurista estadounidense. En ese sentido, añadió que las sanciones cumplen un objetivo.
“Esta administración no quiere interferir en los asuntos internos de Nicaragua, pero también tiene intereses en la región en materia económica, de seguridad y no se va a mantener en silencio como en el pasado. Creo que estas sanciones son una de muchas indicaciones de que Estados Unidos va a continuar respaldando al pueblo nicaragüense”.
“Es una política diferente de Estados Unidos, que se esté hablando de la ‘troika de tiranía’ (que incluye a las tres dictaduras de la región: Nicaragua, Cuba y Venezuela) es un paso clave; segundo, antes de que hayan sido declarados (los tres países) como el triángulo del terror, avanzaba el proyecto de ley Nica Act y al mismo tiempo se implementaba la plataforma de sanciones; tercero, el enfoque no solo es como país, va más allá (con la participación) de actores como los rusos, chinos u otros que le han dado apoyo al régimen de Ortega, que vienen maniobrando y deben tener mucha cautela porque pueden caer en la mirilla de las sanciones”, subrayó Poblete.
Tras los sancionados
Poblete explicó que las investigaciones del Departamento del Tesoro no concluyen con la designación de sanciones a individuos, empresas u organizaciones, debido a que las mismas también son dirigidas a identificar testaferros y la evasión de sanciones, entre ellas, cambios de nombres a instituciones sancionadas, como sucedió con el caso del Bancorp, que está en proceso de disolución.
“Sanciones necesarias”
A juicio de Jason Poblete, exasesor del Congreso de Estados Unidos, eran necesarias las sanciones al Bancorp por el rol principal que tenía en las finanzas de los Ortega Murillo y su círculo cercano, y las evidencias que posee el Gobierno de EE. UU.