El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, confió a LA PRENSA que funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) pretenden obligarlos a que presenten una lista con los nombres de las personas que interponen denuncia en esta organización y advirtió que si el dictador Daniel Ortega los obliga a cerrar, tendrá que pagar un costo político.
El reciente 8 de febrero, el Migob rechazó un recurso de apelación presentado por la CPDH, la cual ha intentado inscribirse como agente extranjero desde diciembre de 2020, para cumplir con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, pero no lo ha conseguido debido a tácticas dilatorias por parte de esa entidad. Funcionarios del Migob se rehúsan a dar a la organización la carta de cumplimiento para completar con todos los requerimientos estatales y así continuar trabajando legalmente.
“Ellos están pidiendo la lista de beneficiarios, nosotros por ética no vamos a exponer a los nicaragüenses que han confiado en CPDH sus denuncias, lo que vamos a presentar es un resumen ejecutivo de las actividades que hemos desarrollado y vamos a presentar los datos estadísticos de las personas que hemos atendido. Eso es un abuso de ellos porque eso no está en la ley, es decir, en el registro de asociación no está”, denunció Carmona.
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Costo político para Ortega
¿Qué exige el Migob a las organizaciones no gubernamentales para poder inscribirse como agente extranjero? Los estatutos de la organización; nombres, direcciones, números de teléfonos y la firma de los directivos; carta de cumplimiento que es emitida por Migob y el documento que refleja el poder general del representante de la junta directiva.
“Ortega pagaría un costo político al cerrar la única organización que tiene más 40 años de estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos, a estas alturas con tantos muertos en su conciencia cerrar una organización más, definitivamente estamos claros que no le importa, pero las consecuencias serían a nivel internacional fuertes, porque ya no habría ningún organismo independiente que esté denunciando los abusos constantes que se den”, advirtió Carmona.
El secretario ejecutivo de la CPDH afirmó que han cumplido con todos los requisitos que pide la Ley de Agentes Extranjeros, pero Migob se niega a entregarles la carta de cumplimiento, por lo que decidieron enviar la apelación a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
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Seguirán laborando
En octubre del año pasado, la CPDH introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad en contra de esta iniciativa conocida como «Ley Putin», por la similitud con una promovida por el presidente ruso, pero los magistrados no se han pronunciado. Otras organizaciones afectadas también se sumaron a esa iniciativa.
“Si nosotros no nos inscribimos, estaríamos faltando a la ley y caeríamos en una serie de delitos. Ellos te pueden inventar el delito de lavado de dinero y cerrar la organización. Hay una intención clara de cerrar la CPDH o pretender cerrar la CPDH, para que no opere ni esté denunciando las violaciones que constantemente nosotros estamos reportando a los organismos internacionales”, consideró el defensor de derechos humanos.
Ante la negativa del Migob en entregar la carta de cumplimiento, la CPDH está valorando hacer uso de otros recursos legales; no obstante, Carmona dice estar claro de que el Poder Judicial está bajo el mandato del dictador.
“Nosotros como CPDH hemos dicho que con salario o sin salario, al menos las personas que tenemos compromiso con los nicaragüenses, vamos a seguir trabajando, porque esto más que todo es una situación de sentir satisfacción cuando vos le ayudás a tu prójimo”, finalizó.
