La crisis que atraviesa Nicaragua desde 2018, cuando estallaron las protestas ciudadanas contra el régimen de Daniel Ortega, será uno de los temas de interés del Gobierno de España, así lo plasmó en su Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, donde señala que durante este año electoral brindará «especial atención» al país centroamericano.
Para el gobierno español, Centroamérica continúa siendo una de las regiones más vulnerables y frágiles del continente, por lo que considera que la conmemoración del bicentenario de su independencia este año y el 30 aniversario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), representa una oportunidad de «seguir apoyando las iniciativas encaminadas a afrontar los retos, desafíos y crisis que amenazan a este territorio, con especial atención a la crisis en Nicaragua».
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En dicho documento, España deja claro que a través de sus políticas de cooperación aspira a «ser un actor determinante en la defensa y promoción» de los derechos humanos, de sistemas democráticos, así como los derechos de las mujeres.
«España seguirá fomentando una región estable, el respeto a los derechos humanos y la defensa de sistemas democráticos con gobiernos plenamente respaldados por las urnas, así como la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas como mecanismo de solución de conflictos», señala el plan de acción.
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España agrega que las crisis de derechos humanos que son vinculadas a crisis políticas —como las de Nicaragua y Venezuela—, así como la situación migratoria en toda Centroamérica, «son asuntos prioritarios en la agenda bilateral, multilateral y de la UE», pues considera que el desarrollo de políticas de cooperación, políticas económicas y culturales dependen de la «mejora de la situación de seguridad regional» como un requisito indispensable de estas políticas.
España ya pidió cambios a Ortega
A finales de noviembre de 2020, España hizo un contundente llamado de atención al régimen de Daniel Ortega, a quien pidió con urgencia buscar una solución a la crisis sociopolítica que se agravó desde abril de 2018.
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En esa ocasión la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach Figueras, mostró su preocupación por «la acción de la vía unilateral en Nicaragua, insistimos en la urgencia de retomar la senda del diálogo».
La secretaria de Estado también llamó al régimen orteguista a garantizar un proceso electoral justo y transparente, con supervisión internacional y dijo que desde España «aspiramos en Nicaragua al inicio de un proceso de reforma electoral a través de la OEA», de las cuales el régimen no ha dado señal alguna, a nueves meses de celebrarse los comicios generales.
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“Dejamos claro que las violaciones de los derechos humanos es un camino inaceptable. Ahí estamos apoyando el trabajo que está realizando en concreto la OEA para poder, si es posible, preparar un proceso electoral abierto, libre y competitivo”, expuso en esa ocasión la secretaria de Estado.
Ortega en la mira de la comunidad internacional
Para el exembajador de Nicaragua en Naciones Unidas, Julio Icaza, es muy importante el lugar que se le da a la crisis en Nicaragua en esa Estrategia de Acción Exterior del gobierno español, porque considera que «es un mensaje claro de que la comunidad internacional lo tiene en la mira». «Si (Ortega) cree que el mundo democrático ha olvidado sus fechorías está muy equivocado», agregó.
El exembajador nicaragüense asegura que otro punto importante de la Estrategia exterior del gobierno español es «por el lugar que España juega en la interlocución de Europa con Hispanoamérica» y que además pone en riesgo no solo la cooperación española para Nicaragua, «sino toda la cooperación europea y los términos comerciales altamente favorables del Acuerdo de Asociación».
«La Unión Europea ha venido sentando con claridad su posición acerca de la necesidad de una salida electoral con reformas negociadas y con el apoyo de la OEA», señaló Icaza.
Por otra parte, el exdiplomático considera que la referencia a Nicaragua en la Estrategia es importante también frente a los intentos de fuerzas políticas «mal llamadas de izquierda de invisibilizar la crisis de derechos humanos en nuestro país».
«El Parlamento Europeo ha venido insistiendo en todas sus resoluciones en la aplicación de sanciones individuales y de la cláusula democrática contenida en el Acuerdo de Asociación (AdA)», expuso.
