La organización de los banqueros privados, Asobanp, y las demás cúpulas empresariales, AmCham y Cosep, así como algunos partidos políticos democráticos, han advertido sobre las consecuencias desastrosas que puede tener para el país la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que obliga al sistema financiero a reabrir las cuentas de las personas naturales y jurídicas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.).
Al reabrir las cuentas de los sujetos sancionados — por cometer graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, según el gobierno estadounidense—, el sistema bancario nacional será o podría ser excluido del sistema financiero global. Lo cual afectaría gravemente las exportaciones e importaciones, las remesas familiares, las inversiones de capital, las cuentas de tarjetas de crédito, etc. Nicaragua regresaría a una situación parecida a la que hubo en la década de los ochenta, cuando la primera dictadura sandinista estatizó la banca del país y la convirtió en paria del sistema financiero internacional.
En aquella época, como lo recuerda Antonio Lacayo Oyanguren en su libro La difícil transición nicaragüense, de 1977 a 1989 la economía nacional se redujo 34 por ciento, por causa de la Revolución sandinista; y el ingreso por habitante cayó en 55 por ciento: de 880 a 396 dólares. Los sandinistas alegaban —y obstinadamente siguen alegando— que la catástrofe económica fue causada por la guerra civil apoyada por EE. UU., sin reconocer que ellos mismos la provocaron. Pero además, la guerra que los sandinistas libraron contra el ejército campesino de la Resistencia fue financiada por la URSS y el colmo fue que, cuando en ese país se derrumbó el comunismo, la deuda que dejó aquel financiamiento para la muerte le fue cobrada al gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro.
De manera que es irracional que los sandinistas, que han vuelto a imponer la dictadura en Nicaragua, ahora quieran o no les importe que el país regrese a aquella situación económica catastrófica. En la cúpula del régimen de Ortega hay personas inteligentes y experimentadas, gente que conoce mucho de negocios, de economía, de finanzas nacionales y del funcionamiento del sistema financiero global. Saben, por tanto, que las advertencias de los banqueros privados y cámaras empresariales son veraces.
Significa entonces, uno, que quienes están gobernando el país han perdido la razón por exceso de poder y no les importa volver a hundir la economía nacional, como ya la hundieron hace cuatro décadas con su alocado proyecto revolucionario; o, dos, lo que pretenden es chantajear a los banqueros y a todo el sector empresarial privado.
Decimos esto porque está claro que la reforma a la Ley de derechos de los consumidores es para obligar a la banca nacional a restablecer las cuentas de los sancionados por violación de derechos humanos y corrupción. Con esa reforma el régimen pretende obligar a los banqueros y demás sectores empresariales, a que vayan a cabildear para que el nuevo gobierno de EE. UU. les quite las sanciones. Así como cabildearon algunos de ellos, a título personal, para que no se aprobara la ley Nica Act o que las sanciones no perjudicaran a la economía nacional. Y quienes lo hicieron fueron acusados por eso de complicidad con la dictadura.
