La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) podría dar la estocada final a la empresa Nicavisión SA, que administra a la televisora Canal 12, subastando sus bienes en las próximas tres semanas, tal y como lo ordenó en meses anteriores la jueza orteguista Silvia Elena Chica Larios. La subasta representaría el cierre de Canal 12.
De acuerdo con el empresario Mariano Valle, propietario de Canal 12, las cuatro propiedades que le fueron embargadas suman un total de un millón 200 mil dólares, y el embargo impuesto por la DGI es de 600 mil dólares.
En una entrevista en la revista matutina de Canal 12, el representante legal de la televisora, Tony López, señaló que previo al proceso de subasta, la judicial deberá realizar un nombramiento de peritos, que se encargarán de hacer una valoración de los bienes «y luego ella (la juez) cita para la subasta».
«Canal 12 en este momento tiene dos sentencias en dos juicios ejecutivos promovidos por la DGI. Las sentencias resuelven seguir adelante con la ejecución y subastar los bienes embargados, que como es de dominio público son cuantiosos (…) de manera que existe una situación de gravedad y daños irreparables, porque tanto los bienes del canal como de don Mariano Valle están siendo subastados y en este caso el canal se vería obligado a cerrar», señaló el abogado López.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 8 de enero de 2021 la Resolución 3/2021 mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Mariano Valle Peters, propietario de Canal 12, tras considerar que su derecho a la libertad de expresión se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en el país.
Con esta resolución, el representante legal de Canal 12 espera que la dictadura de Daniel Ortega «reaccione» y se abstenga de continuar con este proceso judicial. Desde el 11 de septiembre las cuentas bancarias del Canal y de su propietario, el empresario Mariano Valle, fueron congeladas.
«El gobierno de Nicaragua está obligado a respetar los derechos y libertades que ese convención garantiza y entre ellos está la libertad de expresión y libertad de información. De manera que es obligación del Estado acatar esas medidas cautelares que consisten en abstenerse de subastar los bienes de Canal 12 y de don Mariano Valle»,señaló el abogado.
«Tinte político»
Para Tony López este proceso judicial contra uno de los pocos medios de comunicación independientes tiene «tintes políticos», puesto que la judicial orteguista desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa. A la jueza se le solicitó rebaja de embargos, que reconociera que Canal 12 no debe ninguno de los reparos. «Se presentó evidencias de contadores públicos autorizados de que Canal 12 declaró todos sus ingresos y eso no lo reconocieron».
«Es lógico y es del dominio público que la intencionalidad es eminentemente política, se trata de callar al único medio de difusión independiente de televisión abierta y eso lo ha reconocido la CIDH. Ha reconocido que el contexto de crisis de derechos humanos en Nicaragua Canal 12 es e único vehículo en el cual la opinión pública se manifiesta de manera libre», destacó.
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En octubre de 2020, la DGI impuso un reparo fiscal a Canal 12 por un monto de siete millones de córdobas. Sin embargo, antes, en septiembre del mismo año la misma DGI impuso un reparo de 21 millones de córdobas. Con los dos embargos, la DGI reclama a Canal 12 al menos 28 millones de córdobas.
No obstante la situación de Canal 12 se ha vuelto más compleja, luego de que el expresentador de televisión Óscar Gracia impusiera su demanda laboral. Ahora mismo el canal tiene una deuda acumulada – tomando en cuenta los tres embargos – por 36 millones de córdobas. Desde el 11 de septiembre de 2020, las cuentas cuentas bancarias de Canal 12 y su propietario Mariano Valle Peters, fueron congeladas.
