En medio de la crisis económica y el creciente desempleo, el convenio que se firmó con Costa Rica con el fin de contratar la mano de obra nicaragüense fue un alivio para muchas familias, más para aquellas que año con año se van en esta temporada a cortar café u otros cultivos al país vecino del sur. Sin embargo, dos meses después los sindicalistas han señalado que los acuerdos solo quedaron en papel, porque no se están cumpliendo.
Fue el 6 de noviembre que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el representante del gobierno de Costa Rica, Rodolfo Solano, firmaron el convenio, dando así el visto bueno para la salida de unos 25,000 nicaragüenses en aquel momento. El número exacto no se precisa dado que algunas personas salieron por puntos ciegos y no realizaron el protocolo completo, señala Miguel Ruiz, presidente de la Central Sindicalista de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE).
En noviembre pasado, Costa Rica se comprometió a garantizar a los obreros nicaragüenses el cumplimiento “de sus derechos humanos, laborales, de salud, de seguridad social e higiene, seguridad ocupacional, y de bioseguridad, todo, durante el ingreso, estadía en territorio y retorno a Nicaragua”. Incluso la vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, celebró que con la firma del convenio en tiempos de pandemia se daba paso a que nicaragüenses viajaran por trabajo a Costa Rica y además estuvieran protegidos por las leyes de salud.
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Sin embargo, el presidente de la Asociación Nicaragüense de Inmigrantes en Costa Rica (ANIR), José Treminio, y el sindicalista Miguel Ruiz afirmaron que esos ofrecimientos solo quedaron en papel.
“El problema está en que cuando los nicaragüenses van a trabajar a los centros de producción agrícola no se cumplen las normativas laborales, ni de seguridad, ni de aplicación de los salarios preestablecidos”, aseguró Ruiz.
Hacinados y en condiciones inhumanas
“Los trabajadores carecen de guantes, mascarillas, protección como camisas, capotes, calzado y un lugar decente donde dormir”, fustigó Ruiz.
Por su parte, Treminio manifestó que su organización sostuvo una entrevista con el viceministro del Trabajo de Costa Rica en diciembre pasado. Ahí se le solicitó a esa institución el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio, pero estos se negaron.
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“Los acuerdos se están incumpliendo porque los trabajadores no están asegurados y no les están pagando la cajuela de café al precio acordado, que era 1,500 colones, sino que se les paga 1,200”, sostuvo.
Agregó que existe otra limitación en las fincas de café y es que ninguna organización no gubernamental puede entrar a verificar la situación de los trabajadores y tampoco se permite la creación de sindicatos.
“La verdad de las cosas es que hacen unos tipos de galerones donde la gente duerme en el suelo, cocinan ahí adentro con leña, entonces prácticamente esos son hacinamientos y están de forma inhumana, y eso ocurre también en tomateras, fincas de piña, donde hay una explotación completamente porque lo que ganan es 4,000 colones al día y eso no alcanza ni para el almuerzo”, repudió Treminio.
El representante de ANIR aseguró que el Ministerio de Trabajo de Costa Rica conoce las vicisitudes de los trabajadores en las fincas cafetaleras y que aunque existan las leyes, estas no se cumplen.
Manifestó que hay juicios que se demoran hasta dos años, entonces los nicaragüenses terminan por regresar a su patria y abandonan la demanda.
Demandan fiscalización
Ruiz demandó mayor fiscalización y auditorías del Ministerio del Trabajo y la Caja del Seguro Costarricense para que se cumplan los tratados mandatorios de la Organización Internacional del Trabajo para más de 25,000 nacionales que se fueron a desempeñar funciones agrícolas en el vecino del sur. El acuerdo se termina en febrero, pero lo más probable es que algunos se queden en otras labores, dijo.
Para los refugiados la situación no es tan diferente a la de los que llegaron al país bajo un permiso de trabajo y en ese paquete del convenio firmado entre Nicaragua y Costa Rica. Maribel Hurtado, coordinadora de Resistencia Campesina, expresó que los que trabajan en las fincas cafetaleras viven en “baches” y ahí se acomodan varias familias. Resalta que estos ya cuentan con un carné de empleado que les emitió el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y esto les permite sobrevivir.
Honduras busca cortadores
Y mientras los sindicalistas reclaman un mejor tratamiento para los cortadores nicaragüenses, en Honduras se anunció que están buscando 350,000 cortadores para recoger la cosecha 2020-2021 en sus fincas, informó La Prensa de Honduras.
De acuerdo con fuentes consultadas por LA PRENSA, en Honduras por cada cesta de café se paga entre 30 y 50 lempiras, es decir aproximadamente de 1.24 a 2 dólares.
Germán Arita, de una cooperativa de café del occidente de Honduras, declaró que en su zona generalmente la falta de mano de obra la cubren con migrantes guatemaltecos.
