El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda, defendió este jueves el paquete de reducción de la tarifa eléctrica anunciado ayer por el Gobierno y calificó de «noticia falsa» el ajuste paralelo que se hará en enero al subsidio que reciben los consumidores de la tarifa domiciliar que facturan más de 101 kilovatios, pese a que realmente este es un acuerdo que el régimen de Daniel Ortega pactó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2017, para conseguir un préstamo millonario.
Castañeda dijo durante su participación en un programa de propaganda del orteguismo, que el subsidio se mantenía para el 2021 para la mayoría de los consumidores y que consideraba erróneo el estimado de 17 por ciento en el ajuste que se hará en el subsidio eléctrico dentro del componente de la factura eléctrica que se ha estimado para enero.
«Le quiero decir a la población que no se confunda con esas noticias que son falsas, no hay tal incremento del 17 por ciento, no existe eso, es un mal cálculo de alguno, por no creer que es mala intención, eso no es cierto», recalcó Castañeda.
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Castañeda no dejó claro, sin embargo, a cuánto ascenderá el ajuste en la reducción del subsidio eléctrico que los nicaragüenses vienen soportando desde el 2018 y cuyo recorte concluirá hasta el 2022, tal como aceptó Ortega con el BID para recibir un préstamo por 65 millones de dólares.
El Gobierno se comprometió con el organismo que para el 2022 el subsidio para quienes consumen de 101 a 150 kilovatios al mes, habrá pasado de 53 por ciento en el 2017 a 25 por ciento en el 2022, lo que ha implicado recortar la subvención que los hogares reciben en componentes tales como: tarifa, comercialización, alumbrado público y el IVA. Los únicos que mantienen el beneficio en un 50 por ciento son quienes cuyo consumo no supera los 100 kilovatios al mes, que son muy pocos.
En el 2021, en el marco del acuerdo con el BID, desde enero los que consuman entre 101 y 125 kilovatios mensuales el subsidio a la tarifa caerá cinco por ciento, otros cinco por ciento en lo que se cobra por comercialización y otro recorte similar en la subvención que da en alumbrado público. Esto da 15 por ciento, al que se sumará otro dos por ciento por deslizamiento de la moneda, para un total de 17 por ciento.
El funcionario del INE, no obstante, aseguró que la política de subsidio estatal se mantendría para todos los nicaragüenses, pero ocultó decir que el porcentaje que el Gobierno paga en la factura de los nicaragüenses se recortará y que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para lo que cada mes facturan entre 151 y 300 kilovatios subirá de 7 a 15 por ciento en enero.
Pero además, Castañeda dijo que la reducción en la tarifa que se anunció se sentiría en febrero del próximo año, puesto que la factura se paga con un mes de retraso, es decir que en enero se paga el consumo de diciembre.
«La reducción se va a aplicar al pliego tarifario, ahí se va a ver que baja con respecto a diciembre, la baja real se va a sentir en febrero, porque en enero pagamos la energía que consumimos en diciembre y lo otro es que el subsidio continúa, nuestro Gobierno continúa brindando subsidio a casi 900 mil familias, una gran parte de ese subsidio cubre el 50 por ciento de la tarifa eléctrica», dijo.
Sobre ese último planteamiento de que el subsidio cubre el 50 por ciento de la tarifa, Castañeda miente, porque una gran mayoría ya no goza de una cobertura de ese nivel, a menos que consuma igual o inferior de 100 kilovatios por mes, lo cual es casi imposible en las familias.
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Resalta rebaja acumulada
Castañeda también expresó durante su entrevista que la reducción del 10.6 por ciento en la tarifa de energía será para todos los usuarios en general, distinto de los que consuman menos de 150 kilovatios por mes.
«El 10.6 por ciento es para todos quienes tengan un servicio de energía eléctrica, que sumado al 3 por ciento que se sumó a todos los sectores económicos en julio sería un acumulado de casi el 14 por ciento y para los que consumen hasta 150 el acumulado es del 18 por ciento, es una baja importante, eso atrae inversión», sostuvo.
La empresa distribuidora de energía tiene 1.2 millones de clientes, de eso 890 mil están subsidiados porque consumen igual o menos de 150 kilovatios por mes. Cabe mencionar que si en un día un hogar consume un poco más de cinco kilovatios, automáticamente sale del beneficio del Estado, lo que refleja el duro esfuerzo que hacen las familias para no perder ese alivio, ya mermado desde el 2018.
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Castañeda también olvidó explicar en su presentación que tampoco los jubilados que consumen más de 300 kilovatios al mes sentirán el alivio en su totalidad.
El Gobierno se comprometió a rebajar para el próximo año la cobertura del subsidio de 20 a 10 por ciento, más el dos por ciento del deslizamiento, lo que implicará un aumento del 12 por ciento, absorbiendo en su totalidad el alivio de 10.6 por ciento en rebaja tarifaria.
Cuando el entrevistador le preguntó a Castañeda si aún hay margen para aplicar otra reducción en la tarifa, este se mostró esquivo y solo se limitó a decir que el próximo año van a continuar buscando dónde bajarla. No obstante, aclaró que no daría ningún dato.
Calla sobre plantas obsoletas
Otro punto que abordó Castañeda fue la reducción de pérdidas, que es otro componente que está pesando en la factura de electricidad de las familias.
Al respecto Castañeda dijo que la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) ha venido invirtiendo en sustituir las redes obsoletas, tanto en la transmisión como en la distribución, cuando por ley la inversión en las redes de distribución le corresponde a la empresa Disnorte-Dissur, es decir que la empresa estatal se ha hecho cargo de un trabajo que le corresponde a esta empresa, que Ortega ha protegido contra viento y marea.
Tampoco Castañeda hizo referencia a las plantas obsoletas de Alba Generación, donde según estimaciones de especialistas, está atrapado un alivio del 25 por ciento en la tarifa eléctrica.