Las organizaciones no gubernamentales (ONG) continuaron esta semana desfilando en la sede nacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Managua, para interponer sus recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como “Ley Putin” por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin.
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Desde la semana pasada, organizaciones y opositores al régimen de Daniel Ortega han estado realizando este trámite, para dejar constancia de la afectación que implica esta legislación para las ONG que reciben fondos extranjeros para sus actividades en apoyo a la sociedad civil.
Este próximo 17 de diciembre se vence el plazo de 60 días que establece la Ley a partir de su publicación, para que las ONG que reciben financiamiento externo se inscriban como “agente extranjero”, lo que los obliga a presentar sus informes con los detalles del origen de sus fondos, cooperantes y el uso de dichos recursos.
Este miércoles se presentaron el Movimiento María Elena Cuadra y su directora Sandra Ramos; la Articulación de Movimientos Sociales; la Red de Mujeres contra la Violencia; la Federación de ONG’s de Nicaragua; Popol Na; la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), entre otras organizaciones.
Al igual que en las otras ocasiones, la Policía Orteguista (PO) rodeó la sede judicial al momento que los opositores estaban presentando los documentos ante la Secretaría de la CSJ.
La “Ley Putin” fue aprobada el pasado 15 de octubre por los diputados del régimen de Daniel Ortega y entró en vigencia el pasado 19 de octubre.
Esta legislación tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
Espionaje oficial
La «Ley Putin» también es considerado un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de agencias y gobiernos extranjeros.
La normativa ordena que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como «agentes extranjeros» deben abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, so pena de sanciones legales.
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Además, este marco legal ordena al Ministerio de Gobernación (Migob) crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, donde los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse, presentando sus informes donde detallen el origen de fondos, cooperantes y el uso de los recursos. El plazo de esos 60 días vence el próximo 17 de diciembre.
Los críticos han valorado que el régimen orteguista tiene la pretensión de afectar a las organizaciones opositores con esta regulación, debido a que el artículo 16 de la ley congela las operaciones de todas las organizaciones que el régimen defina como «agente extranjero», mientras estas no hayan cumplido con las exigencias ante el Ministerio de Gobernación. «Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales, mientras no cumplan con la obligación de registrarse», establece la “Ley Putin”.
