La ministra costarricense de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció este lunes a su cargo tras expresar su «indignación y preocupación» por el anuncio de que el gobierno seguirá adelante en una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desató protestas ciudadanas.
Mora anunció su salida del gobierno en un extenso escrito que divulgó por sus redes sociales, menos de una semana después de que el presidente, Carlos Alvarado, anunciara la intención de negociar un pacto con el FMI para sanear las finanzas del país.
«Hago pública mi renuncia al cargo de ministra, producto de la indignación y preocupación por la manera en que se han manejado en los últimos días asuntos de interés nacional», escribió Mora, dirigente del partido izquierdista Frente Amplio.
La Casa Presidencial confirmó en un comunicado la renuncia de la ministra y detalló que entrará en vigor el 20 de diciembre.
«Agradecemos a doña Patricia sus valiosos aportes y lucha en defensa de los derechos de todas las mujeres», señaló la Presidencia.
El gobierno busca con el FMI un acuerdo que incluye un crédito por 1.750 millones de dólares a cambio de un programa, aún sin definir, para sanear las finanzas públicas.
Costa Rica vivió en octubre fuertes movilizaciones, con bloqueos de calles en todo el país, en rechazo a una propuesta inicial de acuerdo con el FMI, que contemplaba nuevos incrementos de impuestos.
La situación obligó al gobierno a suspender esa primera negociación.
La ministra dimisionaria expresó su molestia por el hecho de que el presidente Alvarado y su equipo económico decidieran iniciar negociaciones con la institución internacional tras un proceso de diálogo nacional celebrado en octubre, en el que no se abordó el acercamiento con el organismo financiero.
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Mora dijo que participó en las 12 sesiones de diálogo «convencida de que era un ejercicio político noble y necesario», pese a reconocer que sus logros fueron «modestos» para reducir el abultado déficit fiscal, proyectado en un 9,3% del PIB para este año.
Según ella, el gobierno de Alvarado cedió a la presión de grupos empresariales para negociar con el organismo financiero con sede en Washington «a espaldas» de la población.
