El restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos a través de elecciones libres y justa, forman parte de un borrador de la resolución de la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua, al que tuvo acceso LA PRENSA.
El documento señala que, tomando en cuenta las conclusiones del informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al Consejo Permanente el pasado 24 de junio de 2020, resuelve «hacer un llamamiento a favor del restablecimiento del orden constitucional, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la celebración de elecciones presidenciales y legislativas nacionales, libres y justas en Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana».
El borrador señala sobre la situación en Nicaragua, que los Estados miembros reiteran “la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año».
Este borrador ya circula entre los países miembros del organismo regional y será la base sobre la cual giraría la discusión de una resolución oficial de la Asamblea General de la OEA, que se llevará a cabo de forma virtual entre el 20 y 21 de octubre.
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Secretaría de la OEA debe apoyar en negociaciones
En el documento se insta al gobierno de Nicaragua a que acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral de Nicaragua; también ordena solicitar a la Secretaría General de la OEA que apoye negociaciones inclusivas y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense sobre medidas de reforma electoral significativas y consistentes con los estándares internacionales aplicables, y brindar asistencia técnica en su implementación, para promover elecciones libres y justas.
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El borrador también indica que es esencial que estas medidas incluyan, entre otras: modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión,
También plantea la necesidad de un registro abierto de nuevos partidos políticos; la revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes; observación electoral internacional independiente, creíble y acreditada; gestión transparente y eficaz del registro de votantes (y de distribución de cedulas de identidad y centros de votación;) recuento transparente y consolidación de resultados y publicación de resultados en tiempo real; y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducta y los resultados electorales, y procedimientos para resolverlos.
La resolución insta además a que los compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, sean implementados antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en Mayo de 2021.
También solicitan a la Secretaría General de la OEA que informe periódicamente sobre el estado de los acuerdos y cronogramas para la implementación de las reformas electorales, conducentes a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas.
Reiteran su preocupación ante el incumplimiento del régimen
El borrador también plantea la preocupación de la OEA sobre que el gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos; no ha permitido el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos en Nicaragua, incluido el MESENI; y no ha garantizado la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
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De igual manera, expresan una grave preocupación «porque no han cesado las detenciones arbitrarias, no se han desmantelado las fuerzas policiales auxiliares y milicias armadas del partido gobernante; no se ha protegido el trabajo independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos, ni se ha permitido el retorno seguro y la permanencia, sin represalias, de todas las personas que se vieron obligadas a salir de Nicaragua como consecuencia de la crisis».
Además, observan con alarma la preocupante tendencia a instrumentalizar la legislación para intimidar y /o amenazar a miembros de grupos pro-democráticos y medios de comunicación independientes en Nicaragua, «como la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros, otra que propone cadenas perpetuas para delitos motivados por prejuicio, ampliamente definidos, y un tercero castiga la difusión de las llamadas fake news (noticias falsas) en las redes sociales con hasta cuatro años de prisión. Estas iniciativas de ley, según la CIDH, socavan el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión, así como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de asociación».
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El Comité Jurídico Interamericano señaló que “la democracia no consiste solo en procesos electorales, sino también en el ejercicio legítimo del poder, en el marco del estado de derecho, que incluye el respeto a los elementos esenciales, componentes y atributos de la democracia”.
