La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emitió un comunicado en el que acoge y suscribe la resolución aprobada, con una amplía mayoría de más de 609 votos esta mañana, por el Parlamento Europeo (PE) en relación a las preocupantes y violatorias leyes que el régimen pretende aprobar en la Asamblea Nacional.
Agradecieron las expresiones de solidaridad de los parlamentarios europeos, así como el papel que han desempeñado desde que inició la crisis de abril del 2018. “Preocupándose especialmente por escuchar a las víctimas de la represión. Desde la Alianza Cívica respaldamos el llamado hecho por el Parlamento permitir una visita al país de una delegación de eurodiputados, así como de autorizar el regreso de las distintas comisiones internacionales al país. Esperamos que el régimen no obstaculice la entrada al país de la misión conformada para visitar el país a la brevedad posible”.
Hacen propias las expresiones del PE que en su resolución planteó que las leyes, en particular, la Ley de Agentes Extranjeros “proporcionarán al Gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de esta represión y agravará aún más el clima general de intimidación y amenaza, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua”.
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Una voz contra la dictadura
La ACJD en el comunicado celebra que los diputados europeos hayan instado al régimen a detener la criminalización de voces independientes, medios de comunicación, opositores y organizaciones de DDHH. Esperan que el régimen acate el llamado que hace el Parlamento a cumplir con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica en marzo del 2019, incluyendo la liberación y restitución de los derechos jurídicos de todos los presos políticos
Coinciden con lo expresado en Bruselas en relación a la necesidad de alcanzar reformas electorales “necesarias para garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, actualmente previstas para noviembre de 2021, todo ello de conformidad con las normas internacionales y adoptando las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011, que incluyó entre otras cosas la observación internacional. Estas reformas además son demandas de la ciudadanía en vías de alcanzar condiciones que nos lleven a un proceso electoral que ayude a transitar por la vía democrática a una nueva etapa fuera de la dictadura”.
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Consideran que es de la más alta seriedad lo advertido por el Parlamento cuando expresó de que si estas leyes son aprobadas, la Unión Europea amplíe rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción, incluidos el presidente y el vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicar al pueblo de Nicaragua.
La ACJD advierte que si el PE activa la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica traerá consecuencias muy graves para la economía de Nicaragua y sobre todo en el bienestar de miles de nicaragüenses, quienes podrían perder sus empleos por un régimen que viola los derechos humanos en Nicaragua.
Agregaron que “los abusos a las libertades por parte del régimen, han llamado la atención de la comunidad internacional, que han respondido rápida y decididamente en defensa al pueblo de Nicaragua en su lucha por la justicia y la democracia”.
