Los representantes del Poder Judicial accedieron a mejorar la propuesta de reforma a la Ley del Registro Público (698) para dejar claro que la información que proporcionen las sociedades mercantiles sobre el beneficiario final, será guardando el sigilo del caso.
El cambio de postura respondería a las advertencias del sector privado sobre las violaciones a la confidencialidad de las empresas, que supone la iniciativa de reforma en discusión en la Asamblea Nacional.
La Comisión de Justicia del Legislativo inició este 12 de agosto las consultas de la reforma a la Ley 698 con los delegados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, que son parte la Comisión Nacional Antilavado de Activos.
Aunque inicialmente se censuró al sector privado, la presidenta de esa Comisión, la orteguista María Auxiliadora Martínez, informó que se dejará que las cámaras empresariales presenten sus argumentos sobre los riesgos que identifican en los controles que se pretenden sobre las sociedades mercantiles.
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Entre las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Nicaragua fortalezca su vigilancia contra el lavado de dinero, está un registro de los beneficiarios finales de las sociedades mercantiles, para tener la información actualizada a disposición de las autoridades para vigilar que no sean utilizadas por el crimen organizado.
El juez Julio César Arias, delegado técnico de la CSJ ante la Comisión Nacional Antilavado de Activos, les aseguró a los diputados estar dispuesto a reunirse con las cámaras privadas para demostrarles que las nuevas exigencias «no se abordan ni la forma de constitución, ni el funcionamiento, ni el anonimato de las sociedade mercantiles».
«La información que debe contenerse en este registro del beneficiario final responde al principio de confidencialidad, es decir, es una información que tiene como objetivo conocer quién es el usufructuario final de una sociedad anónima, por lo tanto no consideramos que estemos rompiendo con la privacidad de nadie», respondió el juez Arias a LA PRENSA.
La CSJ es la impulsora de los cambios a la Ley del Registro Público y al Código de Comercio.
Sin embargo, Arias dijo que los diputados deben «revisar el proyecto» de reforma a la Ley 689 » y ver si no hay ninguna situación que pueda afectar intereses particulares», y que de ser así, hacer los cambios necesarios.
La reforma a la Ley del Registro Público y al Código de Comercio respondería a la exigencia del GAFI. Pero la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazan la forma en que los operarios del régimen pretenden hacerlo, puesto que se vulnera el derecho a la confidencialidad de la información de las empresas y de los ciudadanos en general, además que existe en riesgo de que se utilice como otra arma política contra el sector privado con el cual la dictadura está enfrentado.
Además del juez Arias, participaron en la consulta Javier Morazán por la Fiscalía y Javier Mairena de la Procuraduría.
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Permitirán que cámaras opinen
Ante las críticas del sector privado de quedar fuera de un tema que los afecta directamente, en la Comisión de Justicia se cambió de postura y pidieron que las diferentes cámaras les manden por escrito sus consideraciones sobre la modificación a la Ley del Registro Público.
el próximo martes 18 de agosto serán recibidos los representantes de la Cámara de Comercio y Servicios junto a los funcionarios del estatal Procompetencia, lo que fue solicitado por las empresas, según los diputados.
«La (reforma a la) Ley no se cierra, seguimos abiertos, oyendo y todo aquel que quiera mandar sus aportes a la Comisión de Justicia lo puede mandar en el momento que sea y será bienvenido y bien recibido», dijo Martínez.
Está previsto que la próxima semana cuando sesione el plenario de los diputados sea aprobada la reforma a la Ley del Registro Público.
