La propuesta de reformas a la Ley General de los Registros Públicos y el Código Mercantil de Nicaragua, que hizo el Poder Judicial a la Asamblea Nacional, este 29 de julio, es el reflejo de la desesperación que tiene el régimen orteguista por aparentar que está cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de acuerdo a especialistas consultados.
Las reformas han sido ampliamente cuestionadas por los principales gremios de empresarios del país como Amcham y Cosep, debido a que le conceden al régimen una discrecionalidad que vulnera el derecho de la privacidad a la información de las sociedades mercantiles, algo que inquieta a los representes del sector privado dado el contexto de represión política y económica de parte de la dictadura.
Con este cumplimiento, el régimen orteguista pretende salir de la lista gris de este organismo y subir en el rankin de Basilea para prevenir el lavado de dinero, lo cual haría posible acceder a préstamos en la banca internacional. Financiamiento que necesita en estos momentos de crisis económica, afirman abogados especialistas en la materia y políticos.
“Lo que podemos ver en esta reforma es la desesperación por mejorar la calificación en materia de lavado de dinero, subir el índice en la lista de Basilea, donde cayó estrepitosamente a la posición 125, lo que hace que sea un país de alto riesgo para el lavado de dinero, según el último informe de julio pasado. Además, intenta demostrar que están tomando acciones, cumpliendo con recomendaciones del GAFI, para que lo saquen de la lista gris. Hay una ofensiva en esa línea, pero no están agarrando al toro por los cuernos, sino por el rabo, porque no están tocando el fondo”, dijo el abogado y exdiputado José Pallais.
La propuesta enviada por la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, contempla reformas o adiciones a ocho artículos de la Ley General de Registro, entre estos el artículo 3, 36, 155, 156, 158, 171, 179 y 185.
Este miércoles 5 de agosto los diputados de la Junta Directiva del parlamento, controlado por el orteguismo, enviaron la propuesta de reforma a la Comisión de Justicia para que esta sea revisada. Se desconoce si los parlamentarios orteguistas van a invitar a los empresarios para que estos expongan sus puntos de vista sobre la iniciativa.
Puede Interesarle: CSJ oculta transparencia al Registro Público de la Propiedad de Nicaragua
La reforma o adición consiste básicamente en la creación de un “Registro de Beneficiarios Final de Sociedades Mercantiles” en el artículo 3, para combatir el testaferrato, muy común en las organizaciones que lavan activos, explicó el abogado Manuel Ignacio Lacayo, director de la firma MIL & Asociados.
El resto de adiciones van encaminadas a que las sociedades anónimas cumplan y actualicen esta información ante el Registro Público, de lo contrario les detendrán cualquier acción que quieran hacer ante esa institución.
Está entre las recomendaciones del GAFI
“La figura del beneficiario final sirve para identificar quién tiene el control de la Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro, es decir quien se beneficia o goza del usufructo del bien inmueble, por ejemplo. Esta figura está contemplada en las recomendaciones número 24 y 25 del GAFI y lo que pretende el Gobierno es cumplir con dicha recomendación, lo cual no está mal. El cómo la vayan a aplicar es otra cosa”, refirió Lacayo.
La recomendación cita: “Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente”, se lee en el documento del GAFI.
Pallais coincide con el abogado Lacayo en el en que la reforma no está mal, porque va encaminada a saber quién es la persona real que está detrás de esa sociedad y ayuda a transparentar los movimientos financieros, mercantiles y de bienes inmuebles en el país.
Puede interesarle: Analistas temen que reforma a Ley del Registro Público se convierta en un «arma política» contra empresarios
“La Unidad de Análisis Financiero (UAF) está queriendo mostrar que está aplicando sanciones, pero no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones formales, solo por la lógica de aparentar cumplimiento. Las grandes cantidades de lavado de dinero que se están moviendo en el país, como los 300 millones anuales solo por narcotráfico en en el país, el dinero negro proveniente de la cooperación venezolana, los millones que salieron con las sanciones a Bancorp, eso es lo que está provocando la presumible práctica corrupta al amparo del poder y ese problema no se está atendiendo, porque es como poner al gato a cuidar la leche”, expresó Pallais.
El exdiputado recordó que “el régimen no se pondrá a investigar sus propios asuntos o intereses” con la figura del beneficiario final de sociedad mercantil.
Magistrados legislan a través de acuerdos y circulares
Para el abogado Marvin Bonilla Fernández, especialista en derecho registral, el régimen orteguista lo que está haciendo con la iniciativa de reforma es la legalización de lo que de hecho ya venía haciendo a través de circulares y de acuerdos de Corte Plena, quienes legislan a su antojo y violentando la misma Constitución Política a través de estas figuras.
El abogado se refiere a la circular del 9 de octubre de 2018, que restringe el carácter público del Registro Público de la Propiedad y Mercantil, y contempla la figura de la inmovilización de cuenta registral.
También está el Acuerdo número 451 del 25 de septiembre de 2019, referente a la Normativa de Prevención del lavado de dinero que deben implementar los abogados supervisados por el poder judicial.
“A través de ambos documentos los magistrados legislan como si fueran diputados de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el acuerdo 451 contiene 51 artículos que debieron ser aprobados por la Asamblea Nacional, porque prácticamente reglamentan la Ley UAF, y ahora están legalizando parte de ello a través de esta iniciativa de reforma”, refirió Bonilla.
La magistrada Ramos argumentó en la exposición de motivos que la reforma a la Ley del Registro Público y al Código de Comercio, es para que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lograr un mayor control sobre el lavado de dinero.