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CONTENIDO EXCLUSIVO.Los analistas Eliseo Núñez y Dayra Valle advirtieron de que los nuevos controles que ejercerá a dictadura orteguista sobre las sociedades mercantiles por medio de las reformas a la Ley General de los Registros Públicos, representa un riesgo de ser utilizado como instrumento político para actuar en contra de los empresarios adversarios al régimen.
Otro de los factores de alerta para los especialistas es que se aumenta la inseguridad sobre las propiedades, debido al manejo discrecional de la información que tendrán los operadores del Registro Público, instancia dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un órgano que es controlado políticamente por el dictador Daniel Ortega.
La presidenta de la CSJ, la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, remitió la iniciativa de reforma a la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos ” y al “Código de Comercio de la República de Nicaragua”, el pasado 29 de julio a la Asamblea Nacional. Como Ramos no solicitó el trámite de urgencia, la junta directiva parlamentaria debería enviar la iniciativa de reforma a consulta en la Comisión de Justicia del parlamento.
El centro de la reforma de la dictadura es obligar a las sociedades mercantiles a registrar la información de las propiedades y de todos sus movimientos en el Registro Público de Garantías Mobiliarias, para que estas sean vigiladas por las entidades a cargo de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Aducen que le cumplen al GAFI
La magistrada Ramos argumentó en la exposición de motivos que la reforma a la Ley del Registro Público y al Código de Comercio, es para que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lograr un mayor control sobre el lavado de dinero.
“El GAFI ha recomendado a las jurisdicciones asociadas tomar medidas eficaces que permitan asegurar la transparencia del Beneficiario Final (BF) de las personas y estructuras jurídicas”, según la presidenta de la CSJ.
Ramos en su exposición de motivos para la reforma señaló que el GAFI, a través del Grupo Internacional de Revisión y Cooperación (ICRG, por sus siglas en inglés) y durante el cara a cara celebrado en Trinidad y Tobago en enero del 2020, recomendó a Nicaragua “desarrollar acciones concretas para evitar que las sociedades mercantiles sean utilizadas o instrumentalizadas para la actividad del lavado de dinero, indicando que estas deben tener información adecuada, oportuna y actualizada que permita determinar eficazmente quien es el beneficiario final de las personas jurídicas, debiéndose entender como tal las personas naturales que en última instancia tienen la propiedad o control de una sociedad”.
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Con la reforma a la Ley del Registro Público, la orteguista magistrada Ramos sostuvo que tener control de esa información es para “determinar quién es el beneficiario efectivo, el usufructuario real de una sociedad mercantil, a fin de que estos vehículos corporativos no sean utilizados para permear los sistemas antilavado de las jurisdicciones que integran el GAFI”.
Los riesgos, según los analistas
El jurista Eliseo Núñez señaló que es preocupante que a la Comisión de Registro Público se le otorgue una amplia discrecionalidad para legislar mediante circulares, porque no queda claro en la propuesta de reforma a la Ley 698 los límites sobre la información que se le exigirán a las sociedades mercantiles.
“Es un problema, porque te genera una inseguridad jurídica enorme. Las circulares lo que deben hacer es una interpretación de la ley para establecer los procedimientos (del registro de la información), pero no reformar conceptos sustantivos”, señaló Núñez.
Otro aspecto peligroso para Núñez, exdiputado opositor, es que la dictadura de Daniel Ortega sigue utilizando el tema del lavado de dinero como arma política y haciendo uso de los datos que manejarán las entidades supuestas a combatir los ilícitos, que han demostrado actuar con parcialidad política a favor de la dictadura.
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“Y la Corte no escapa de eso porque es como la oficina legal personal de Ortega, no es una Corte Suprema de Justicia. Se está creando una maquinaria que le permita justificar la lucha contra el lavado de dinero para robarse propiedades, para inmovilizar capitales de enemigos políticos, para apropiarse de bienes que le pertenezcan al inversionista”, afirmó el jurista.
Preocupa el excesivo control
Dayra Valle, especializada en temas de corrupción, también expresó preocupación porque esta reforma a la Ley del Registro Público para ejercer mayor control sobre las sociedades mercantiles sea otra arma política de la dictadura, como ha sido la misma ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con la que se criminalizó a los manifestantes de la rebelión de abril del 2018, o se canceló la personería jurídica a nueve organismos de la sociedad civil en ese contexto.
Valle señaló que en lo general las nuevas disposiciones para identificar a los beneficiarios finales de las sociedades mercantiles resultaría positivo.
“Me preocupa el grado de transparencia. Si realmente esa información será utilizada con los propósitos de prevenir el lavado de dinero o pueda ser para la manipulación o instrumentalización de presión a las sociedades mercantiles que estén en manos de opositores al gobierno, o de personas que están operando en calidad de analistas”, refirió Valle.
Corte Suprema de Justicia como aparato de represión política
La especialista Valle insistió en que por la práctica del régimen de utilizar a la misma Corte Suprema de Justicia como otro aparato de represión político, la finalidad de la reforma no sea en realidad el identificar los negocios o propiedades resultantes de ilícitos.
“El riesgo es que se instrumentalice para ejercer presión. En este caso, a todas las empresas de este país para mantenerlas monitoreadas, y sabemos que este gobierno tiene una guerra férrea contra los empresarios que le han criticado”, señaló la especialista en temas de corrupción y contrataciones públicas.
En la reforma propuesta a la Ley del Registro Público, se planteó que la CSJ destinará una partida presupuestaria para modernizar el sistema de registro e integrar el sistema de catastro. Valle dijo que por transparencia debería haber acceso público a esa información.