La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su resolución 4/20 con directrices de protección de los Derechos Humanos de las personas con Covid-19 a cuatro meses de la llegada de la pandemia a la región.
“La resolución 4/2020 viene a constituir un documento bastante innovador dentro del sistema interamericano ya que no solo afianza la centralidad del derecho a la salud y el cuidado, también afirma la necesidad de abordar esa crisis desde una perspectiva de invisibilidad de los derechos humanos”, dijo, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, durante el webinar de presentación de la resolución.
Para realizar esta resolución la CIDH consideró las normas, deberes y medidas que los estados debieron tomar para el manejo de la pandemia, la situación de los sistemas de salud de la región, las situaciones de estigmatización que han tenido que enfrentar los trabajadores de la salud, las limitaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), la angustia y sufrimiento que causa la falta de culto y ritos mortuorios, por el manejo de los cuerpos de los fallecidos por Covid-19, entre otras situaciones a las que se ha enfrentado la región.
Soledad García-Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH, relatoría que estuvo a cargo de la redacción de la resolución, mencionó que está enfocada en evitar que la pandemia empeore los problemas que ya enfrenta la región. “Siendo América la región más desigual del planeta, con altos índices de pobreza, desigualdad, desempleo, uno de los aspectos fundamentales que debe ocupar a los estados como organizaciones internacionales y sociedades en estos momentos, es evitar que la emergencia sanitaria profundice aún más las desigualdades existentes en la región”, dijo.
Las primeras directrices están referidas a las acciones que deben tomar los Estados para garantizar que la primera finalidad de todo servicio de salud sea la protección de la vida y la salud física y mental, además, proveer los servicios con medidas bajo los principios de igualdad y no discriminación.
Lea además: Nicaragua registra 3,672 casos de Covid-19 y 116 muertes
Igualmente para garantizar los derechos, hace un llamado a brindar las mejores condiciones para la atención de personas con el virus. “Los Estados deben adoptar medidas inmediatas dirigidas a asegurar, sobre una base sostenida, igualitaria y asequible, la accesibilidad y el suministro de bienes de calidad, servicios e información”
Otras recomendaciones con respecto a cómo garantizar efectivamente el servicio de salud es hacer uso plataformas y canales como telemedicina, visitas médicas que permitan hacer vigilancia pacientes sospechosos, con síntomas leves o que sean población de alto riesgo.
Lea además: CIDG y sus Relatorías Especiales denuncian que el régimen ha entregado «información poco confiable y confusa» sobre la pandemia.
Pacientes con Covid-19 y sus familiares deben ser informados en todo momento
Uno de los derechos más importantes que tienen las personas con Covid-19, es ser informadas sobre su historial médico, formas de transmisión, posibles tratamientos y tener conocimiento de los pasos a tomar con respecto a su atención, por ejemplo, en caso de ser necesario el aislamiento, deben ser informadas, junto a sus familiares, sobre la necesidad y condiciones en que se realizaría.
Además de informar, se debe garantizar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de los pacientes, no proporcionar datos personales de estos con finalidad de investigaciones sin autorización de la persona o sus familiares.
También se llama a los estados a tomar acciones que permita el acceso de las personas en situación de pobreza, al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación gratuita. Mencionando que si no se tienen los recursos, los estados con más desarrollo tienen responsabilidad de asistir a los Estados con menores niveles de desarrollo.
“Es clave que podamos tener políticas fiscales correctas para que quienes más recursos tienen y quienes están haciendo muchos más recursos en estos 4 meses históricos, puedan contribuir de mejor manera al conjunto de las sociedad para garantizar estos derechos”, opinó Asier Hernando Malax-Echevarría, director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.
Ampliar cobertura de servicios
Asimismo, recalcan la importancia de crear estrategias para ampliar la cobertura demográfica de los servicios para las personas con Covid-19 que estén en riesgo por vivir en zonas rurales y lugares alejados, como las comunidades indígenas, considerando sus costumbres y la medicina tradicional.
Según la resolución, los estados deben garantizar que “los actores no estatales o privados relacionados con el sector salud respeten los derechos humanos y adopten la debida diligencia en sus operaciones en este campo”, además, señala que en caso de que estos violen dichos derechos los estados deben fortalecer los mecanismos de monitoreo, vigilancia y fiscalización con el fin de que las personas con Covid-19 tengan una reparación adecuada.
Dentro de las directrices se incluyó la protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden a las personas con Covid-19, llamando a los estados a que estos cuenten con entrenamiento, pruebas de diagnóstico regular, suficientes equipos de protección y materiales necesarios para la desinfección.
La CIDH recomienda medidas especiales para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas con Covid-19, así como el acceso a la justicia en caso de que estas hayan sido víctimas de violación de sus derechos durante la enfermedad.
“Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas las vías disponibles; la falta de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la investigación de otros tipos de responsabilidades y determinación de sanciones, tales como las administrativas o disciplinarias”, señala la resolución.
Por último las directrices mencionan los derechos de los familiares de las víctimas fallecidas por Covid-19, como recibir información por parte del servicio de salud sobre la situación de su ser querido, que el Estado garantice condiciones para la devolución de los restos, adoptar procedimientos que permitan su identificación y realizar ritos mortuorios conforme a sus tradiciones, tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los familiares.
Puede leer aquí la resolución completa
