La información es un derecho humano, que en tiempos de una pandemia como la causada por el Coronavirus se vuelve primordial para garantizar otro derecho fundamental como es la salud. Nicaragua, pese a tener una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), se ha caracterizado por las denuncias de violación a esta norma y un secretismo que impide saber la realidad que viven los nicaragüenses.
De acuerdo a Guillermo José Medrano, Coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), aunque han pasado 13 años de la aprobación de la ley, no se han creado las Oficinas de Coordinación de Acceso a la Información Pública (OCAIP), las que según la Ley funcionarán como instancias de apelación ante posibles denegatorias de información pública, “ya ni hablemos de la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública (CNAIP) que tiene como mandato la promoción y el cumplimiento de la Ley”.
La FVBCH ha documentado el acoso y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes. “En el proceso de seguimiento y monitoreo al estado de la libertad de prensa que realiza la FVBCH, al finalizar el primer semestre del año 2020 vemos que persiste un ambiente hostil para el ejercicio de la práctica periodística; agresiones y ataques, negativa a las solicitudes de acceso a la información pública, discurso estigmatizante y uso abusivo del poder estatal, son prácticas frecuentes violatorias de la libertad de prensa. En los primeros cinco meses del 2020 se registraron un total 169 casos”, detalla Medrano.
Información en tiempos de pandemia
Medrano señala que además de las restricciones a periodistas independientes, preocupa que la información que ofrece el Ministerio de Salud sobre el Covid-19 es alejada de la realidad objetiva. “Ese silencio cómplice crea angustia, desesperación y pánico en la población. Al ocultar información pública, que es de interés nacional, no solamente se violenta el derecho a la información, sino que se atenta contra el derecho a la vida, porque la información pública a disposición de los ciudadanos puede salvar vidas”, dice.
Sobre la información que se oculta mencionó que a tres meses de que el gobierno reconociera los primeros casos del Covid-19 en Nicaragua, aún no se conoce las medidas o plan del Ministerio de Salud para enfrentar la crisis sanitaria en el país.
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“Desde un inicio se habló que existían 19 hospitales habilitados para atender la emergencia, es la fecha y no sabemos cuáles son esos hospitales, solo sabemos que el Hospital Alemán en Managua es uno de ellos”, comenta Medrano.
Contrario a informar estas medidas el gobierno hace llamados a la población a concentraciones que representan una exposición al contagio.
Acceso a la Información, llave para acceder a otros derechos
Medrano destaca que el periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. “El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población. Esa oportunidad la desaprovecha el Gobierno de Ortega, si aprovechara las audiencias de los medios de comunicación independientes para implementar campañas de prevención los resultados de las muertes fueran menores, pero pareciera que el Gobierno Ortega- Murillo se escuda en la crisis sanitaria para que la población no siga demandando el cumplimiento de otros derechos civiles y políticos, como el derecho a la manifestación y el derecho a realizar elecciones libres”.
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Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión es para todos, no únicamente para los periodistas y está contenido en el artículo 19, de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Este derecho también está recogido en la Constitución Política de Nicaragua que en el artículo 66 expresa: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
“Por tanto, cuando un funcionario estatal se niega a brindar información pública, a informar sobre su gestión, o la de la institución que representa o en el peor de los casos, impide al periodismo independiente realizar su labor; también violenta el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada”, aclara Medrano.
Ortega aún está a tiempo
Comenta que aún no es tarde para que el gobierno rectifique los errores e informe “libremente” sobre el avance de la pandemia, cese la represión y el hostigamiento por parte de las instituciones estatales como la Policía Nacional.
Además de garantizar las condiciones necesarias para el retorno seguro al país de los periodistas en el exilio, abstenerse de censurar a los medios de comunicación tradicionales, radios comunitarias y las redes sociales, y asegurar que la libertad de expresión quede salvaguardada en todas sus formas, incluida la expresión artística.
