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La Alcaldía de Wiwilí, según su actual administración, fue saqueada por funcionarios sandinistas. Foto: Óscar Navarrete/La Prensa.

Jueza orteguista ordena la suspensión del cargo contra alcaldesa de Wiwilí

La petición de rebeldía y orden de captura la hizo el fiscal Marlon Rolando Leiva Flores, mismo que pidió la suspensión del cargo de la alcaldesa sin ningún argumento legal.

La juez orteguista Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, ordenó este viernes suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada queda inhibida de ejercer sus funciones como tal. Esta es una muestra de cómo el régimen orteguista pretende arrebatar mediante argucias legales otra alcaldía que perdió en elecciones populares.

Este zarpazo arbitrario a la ley y al proceso penal lo hace la judicial después que este miércoles 10 de junio, declaró  rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia.

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La petición de rebeldía y orden de captura la hizo el fiscal Marlon Rolando Leiva Flores, mismo que pidió la suspensión del cargo de la alcaldesa sin ningún argumento legal. Dicha solicitud fue presentada por el Ministerio Público a la 1:20 de la tarde del viernes 12 de junio y la judicial resolvió el mismo día a las 2:15 de la tarde, es decir resolvió en 55 minutos.

Sin embargo, la defensa presentó un incidente de nulidad el 9 de junio del año 2020 a las 3:02 de la tarde y la juez sigue sin resolver.

“Es operadora del Frente Sandinista”

“La diligencia y la forma en que la juez ha actuado en el caso, demuestra que es un operador del Frente Sandinista para obtener de forma ilegal la alcaldía de Wiwili- Jinotega”, expresó el abogado Maynor Curtis, defensa de la alcaldesa.

La alcaldesa Hernández Mairena se ha caracterizado por su beligerancia y valentía en denunciar incidentes de ejecuciones extrajudiciales en la zona contra opositores a la dictadura, que son obviados y no investigados por la Policía Orteguista.

La Jueza Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega. LA PRENSA/ TOMADA DE INTERNET

Medidas represivas y no cautelares

La judicial revistió de supuesta legalidad el despojo del cargo a la alcaldesa , argumentando aplicación de medidas cautelares, cuando ya dictó orden de captura, lo cual es contradictorio.

“Al efecto siendo la finalidad de las medidas cautelares asegurar la eficacia del proceso, garantizar la presencia de la acusada y regular la obtención de las fuentes de prueba tal y como lo establecen los artículos 166 y 167 numeral 1 inciso j, 169 del CPP, y en base a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, se decreta además la medida cautelar de suspensión en el desempeño del cargo como Alcaldesa del municipio de Wiwili, jurisdicción del departamento de Jinotega a la acusada: Reyna Esmeralda Hernández Mairena, asimismo la acusada queda inhibida de ejercer funciones, atribuciones y competencias propias del cargo conferidas conforme la ley 40, ley de municipios…”, se lee en la notificación judicial.

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“El artículo 166 del Código Procesal Penal sobre la finalidad de las medidas cautelares dice que la finalidad de las medidas es asegurar la eficacia del proceso, garantizando la presencia del acusado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Al determinar las medidas cautelares el juez tendrá en cuenta la idoneidad de cada una de ellas en relación con la pena que podría llegar a imponerse, la naturaleza del delito, la magnitud del daño causado y el peligro de evasión u obstaculización de la justicia. En ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio para obtener la confesión del imputado o como sanción penal anticipada y esto es lo que está haciendo la juez”, explicó Curtis.

Reyna Hernández, alcaldesa del PLC, en Wiwili, Jinotega. LA PRENSA/ ARCHIVO.

Persecución política

Para la alcaldesa Reyna Emeralda Hernández Mairena esto siempre se ha tratado de una persecución política, porque desde que asumió la alcaldía han asesinado a tres de sus funcionarios, redujeron el presupuesto asignado a la municipalidad transferido desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a tan solo 800 mil córdobas, por lo que prácticamente operan con fondos propios.

Posteriormente 43 extrabajadores sandinistas de la alcaldía demandaron una indemnización millonaria con salarios impagables ni creíbles en una alcaldía tan pequeña, pero el Ministerio de Trabajo y jueces orteguistas han fallado a favor de estos, determinando un pago de casi 16 millones de córdobas.

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“Esa cantidad es impagable para la alcaldía con el raquítico presupuesto que le asignaron, sin embargo el Concejo municipal resolvió en febrero de 2020 pagar 800 mil córdoba anual  hasta cancelar, pero los trabajadores dirigidos por el partido acusaron a la alcaldesa en la vía penal en mayo del 2020. La única razón que veo es que quieren quitarle la alcaldía por medio de artimañas legales. Si la condenan, si la meten presa, un sandinista del Concejo asumiría la administración», sostiene Curtis.

Este juicio es el que iniciaría el pasado 10 de junio, pero personal del complejo judicial se encargó de decir a los abogados que no había audiencia en dicho juzgado, y luego la judicial declaró el abandono y la rebeldía a la alcaldesa Hernández. Antes de esto la juez debe resolver un incidente promovido por Curtis sobre reprogramación de audiencia de juicio que considera el abogado la judicial no argumentó.

 

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