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Alba Luz Ramos (der),y Francisco Rosales, presidenta y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, LAPRENSA/ARCHIVO

Siete senadores de EE.UU. piden sanciones contra magistrados, jueces y fiscales por su complicidad en represión en Nicaragua

"Las organizaciones internacionales de derechos humanos han aportado pruebas de que miembros de alto rango del Poder Judicial han llevado a cabo procesamientos sin el debido proceso y no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes", sostienen los legisladores

Siete senadores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, solicitaron al gobierno de Donald Trump ampliar las sanciones individuales contra funcionarios fieles al régimen orteguista que son cómplices en la represión contra los nicaragüenses. En esta ocasión se pidieron directamente medidas contra magistrados, jueces así como a miembros de la Fiscalía General de la República “que estén directa o indirectamente involucrados” en las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

La carta es firmada por un grupo de senadores de ambos partidos que encabeza el republicano James E. Risch, presidente del poderoso comité de Relaciones Exteriores del Senado. Además firman Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue, James Lankdord, Christopher Murphy y  Benjamin Cardin; la misiva está dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.)  Mike Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, ambos responsables de las políticas de sanciones en el Ejecutivo norteamericano.

“Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua. En este caso, es importante que los miembros del poder judicial nicaragüense comprendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley, y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará de sus acciones”, plantean los senadores en la misiva a Pompeo.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es otra de las instituciones controladas por el dictador Daniel Ortega al tener magistrados que responden abiertamente a la ideología política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por lo que imperan sentencias partidarias en lugar de apego a la ley.

Los jueces orteguistas han sido los encargados de juzgar e imponer duras condenas a los manifestantes que participaron en las protestas ciudadanas desde abril del 2018. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales así como abogados a cargo de la defensa de los opositores han denunciado juicios viciados con pruebas falsas presentadas por los fiscales y policías del régimen, falsedades que son aceptadas por los jueces para sentenciar a los opositores.

“Las organizaciones internacionales de derechos humanos han aportado pruebas de que miembros de alto rango del Poder Judicial han llevado a cabo procesamientos sin el debido proceso y no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes”, sostienen los legisladores norteamericanos.

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Los siete senadores estadounidenses le recomiendan a Pompeo que sancione a miembros del sistema judicial de Nicaragua (magistrados, jueces y fiscales) con base a Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) conocida como Nica Act, así como  la Orden Ejecutiva 13581 “para responsabilizar” a los jueces y magistrados nicaragüense “que estén directa o indirectamente involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”. Y que también se sancionen a miembros de la fiscalia que han participado en crear los juicios falsos contra los opositores.

El gobierno de EE.UU. ya ha sancionado de manera individual a 20 funcionarios del círculo de poder del régimen, que incluye a la vicepresidenta Murillo, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al jefe de la Policía, Francisco Díaz, al comandante en jefe del Ejército el general Julio César Avilés, el ministro de Hacienda Iván Acosta entre otros. Canadá y la Unión Europea también han sancionado de forma individual a funcionarios de la dictadura involucrados en la represión a los nicaragüenses.

Los senadores hacen ver al secretario Pompeo que si bien las sanciones ya adoptadas contra un grupo del régimen, así como a tres empresas del negocio de Ortega-Murillo y a la Policía como institución, “todavía se necesitan más acciones” para presionar porque en Nicaragua se logren las reformas electorales que garantices elecciones libres y transparentes, así como que se garantice el respeto a los derechos humanos y la democracia.

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Dos años después de la masacre a las manifestaciones sociales “los nicaragüenses no han encontrado justicia para las más de 320 personas asesinadas y los casi 800 detenidos arbitrariamente por el régimen”, expresaron los senadores en su carta.

Como prueba para que hayan sanciones los senadores en su carta expresaron que “la mayoría de funcionarios  del Poder Judicial nicaragüense actúa como un brazo político del régimen de Ortega-Murillo y es cómplice de las represiones y la preservación del poder del régimen”.

“Como se documenta en el informe del Departamento de Estado de Nicaragua en 2018 sobre prácticas de derechos humanos e informes de las comisiones interamericanas de derechos humanos, la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y la policía contra los manifestantes y sus partidarios”, afirmaron.

Mientras los opositores son sometidos a juicios y condenados, en los tribunales se dejan impunes los crímenes de los policías y simpatizantes orteguistas señalados de participar en la represión. .

 

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