En la recta final del plazo para declarar y pagar los impuestos correspondientes al año fiscal 2019, la Dirección General de Ingresos (DGI) amenazó con echar mano de la nueva facultad que la Ley de Concertación Tributario le dio en el 2019 para publicar la lista de las empresas que estén morosas, medida que este miércoles fue rechazada por representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Diversos representantes empresariales calificaron el anuncio como una medida coercitiva que genera mayor incertidumbre y pone contra la pared a las empresas formales, las que se verían obligadas a recortar más personal para hacer frente a la creciente carga fiscal y otras obligaciones.
El martes la DGI anunció que echará mano del artículo 146, numeral 16, de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, para exponer públicamente a los contribuyentes que no han pagado sus impuesto. El numeral de dicha ley establece: “Publicar lista de deudores con la Administración Tributaria; e implementar las medidas administrativas para facilitar y mejorar las declaraciones de los contribuyentes y responsables”.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manifestó que si se quiere atraer mayor inversión se está nuevamente enviando una señal equivocada con amenazadas como la de la DGI.
“Creo que es importante entender en el contexto en que anuncian esto, en los últimos años este tipo de antecedentes no existen y si a esto le sumamos la discrecionalidad que se ha dado por parte de las autoridades, los casos que hemos estado señalando trasladando a morosos a defraudación fiscal a través de la amenaza de cárcel y obligarlos a pagar. Si vemos en este sentido una situación donde básicamente en vez de promover o estimular a que las empresas se mantengan en la formalidad, a que las empresas tengan la generación de empleo, lo que están haciendo es mandar una señal totalmente de incertidumbre”, dijo Aguerri.
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Medida es arbitraria
El nuevo aviso que fue publicado el martes 4 de febrero por el Fisco en sus redes sociales, cayó como balde de agua fría para el sector privado, ya que algunos empresarios tienen procesos de reclamos en la DGI.
“Vemos una completa arbitrariedad al estar haciendo esto, sobre todo cuando hay empresas que tienen recursos de reclamos, entonces no sabemos qué va pasar con eso. Están hostigamiento, amenazando al sector privado, cuando deberíamos estar cuidando los empleos, cuidando la inversión, porque mientras este tipo de cosas esté pasando nadie va a venir a invertir un centavo”, sostuvo Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), sostuvo que con esta medida el empleo formal del sector privado se sigue socavando, porque muchas empresas para hacerle frente a sus obligaciones recortan gastos, entre eso el empleo.
“Es un comunicado que viene a sumar otras cosas que están sucediendo, que el gobierno está haciendo alguna forma para afectar a la empresa privada y ahuyentar a la inversión privada de Nicaragua, ¿qué es lo que sucede? las empresas sienten que hay un ataque continuo contra ellas para efecto de recaudar cada día más y mantener un aparato público», dijo.
Y agregó: «¿qué es lo que está sucediendo? las empresas con todo este aumento de gastos, aumento de impuesto, aumento del INSS, aumento en tasas de servicio, lo que las empresas hacen es recortar sus gastos, las empresas despiden personal, es decir que aquellas personas que han perdido su empleo en el sector privado están financiando el empleo del Estado”.
Muchas dudas en el aire
La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN); Carmen Hilleprandt planteó una duda similar a la Cadin al indicar que hay empresarios que están reclamando por cobros discrecionales y no por eso se considerarían morosos.
“Sabemos que hay que pagar, el problema es que a veces se hacen cobros indebidos que van más allá, yo confirmo nuevamente hay que pagar, si vos estás inscrito seas nicaragüense o extranjero, vos tenés que cumplir y pagar tus deudas tanto con tus proveedores como con el gobierno, porque es la manera que se desarrolla un país, con ese pago. El tema es que no se maneje como una medida coercitiva y ¿la morosidad qué significa? porque tenés los recursos administrativos y si no estás de acuerdo vos vas a un proceso, al final si vas a salir en la lista y estás en un proceso de revisión para mi criterio no deberías salir en una lista, porque todavía estás en un proceso de revisión”, dijo Hilleprandt.
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El especialista en temas tributarios Julio Francisco Báez se preguntó en su cuenta de Twitter: «¿Reavivará hogueras esta gravísima violación constitucional del sagrado derecho de la privacidad fiscal? ¡Cámaras y gremios, actúen!».
Variación del calendario fiscal
Pero además hay que recordar que por primera vez la liquidación del Impuesto sobre la Renta (IR) ante la Dirección General de Ingresos (DGI) será el 29 de febrero y no el 31 de marzo, es decir se les quitó 30 días adicionales a los noventa que se daban hasta el 2018, esto como resultado de la reforma fiscal impuesta el año pasado por el régimen de Daniel Ortega, lo que implicará una reducción de flujos para las empresas.
El extitular de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga plantea que este ajuste en el calendario fiscal refleja que el gobierno de Daniel Ortega está desesperado por obtener con rapidez el dinero de las empresas.
“Lo que hacen es adelantar para quitarle recursos a las empresas, que podrían utilizarse para inversión en su negocio y aprovechar un mes más ese capital, sin embargo al pagarlo en febrero, le está quitando el 30 por ciento (de la liquidez) que pudiera haber reinvertido, pagando en el mes de marzo el 31, que es lo que tenía anteriormente”, dijo.
Están estrangulando la economía
Arteaga agregó que estas son medidas desacertadas que está tomando el gobierno “en una economía que está en recesión y que ya no da más, están estrangulando la economía”.
Por su parte Aguerri dijo que al final el gobierno le va quedar debiendo a las empresas con el anticipo, cuya alícuota mensual pasó de 1 por ciento hasta febrero del 2019 a 2 y 3 por ciento desde marzo de ese año cuando se puso en vigencia la reforma tributaria.
“El sector privado ya dio lo que tenía que dar.. lo que va a pasar ahora (con el cierre fiscal) es que el gobierno le va quedar debiendo a las empresa con lo que ya se anticipó y obviamente las empresa no lo van a recuperar», sentenció Aguerri.
