La esperanza de que los 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), detenidos desde la media noche del jueves 14 de noviembre en Masaya, recuperen su libertad mañana domingo, al cumplir las 48 horas de investigación se disiparon este sábado, cuando un oficial de turno en el nuevo Chipote les comunicó a los familiares que podrán verlos el día de la visita programada para el próximo martes.
Sorprendidos, los afectados preguntaron por qué, si los detenidos cumplirían esta madrugada las 48 horas constitucionales de investigación y no han cometido delito, por lo tanto deben ser liberados. El oficial contestó que no depende de él sino hasta nueva orden.
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“Llevar agua a madres en huelga de hambre no es delito, que más les van a investigar, de qué las van a acusar”, cuestionaron Tamara Zamora y Frederic Coppens, padres de la líder estudiantil Amaya Coppens, una de las detenidas.
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Agua limitada
Antes de la desagradable noticia, los familiares protestaron para que les dejaran ingresar agua a los presos políticos, ya que no les estaban permitiendo, pero luego de quejas, el oficial permitió el ingreso del agua.
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Estos jóvenes fueron detenidos en Masaya a eso de las 10:45 minutos de la noche, cuando intentaban llevar agua a las madres de presos políticos que se mantienen en huelga de hambre por la libertad de sus vástagos, en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
Es inaceptable bajo todo punto de vista la detención de personas que llevaban agua a quienes están en huelga de hambre en la parroquia San Miguel de Masaya. Espero se les respete su integridad personal y que pronto sean puestas en libertad. ¡Un acto humanitario no es delito!
— Silvio José Báez (@silviojbaez) November 16, 2019
Según la UNAB hasta septiembre de 2019 existen al menos 139 presos políticos en los distintos Sistemas Penitenciarios del país, pero cada día se suman más, porque la persecución y el asedio de parte de la policía no paran.
Interponen recursos
El abogado Maynor Curtis interpuso un recurso de exhibición personal a favor de la líder estudiantil Amaya Coppens, por detención arbitraria y violación al artículo 33 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice que nadie puede ser privado de su libertad a menos que haya orden judicial, por investigación previa o cometiendo delito en el acto y piden asignación de juez ejecutor. La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, resolverá al respecto.