El expresidente de Ecuador Rafael Correa pidió este martes el adelanto de las elecciones tras varios días de protestas en Ecuador.
La movilización comenzó como una protesta contra de los recortes instaurados por el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en el marco de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares.
Sin embargo, el gobierno respondió desplegando a las Fuerzas Armadas y decretando el estado de excepción, que faculta al Ejecutivo a restringir los derechos de los ciudadanos e imponer censura previa a los medios.
Asimismo, Moreno decretó este martes toque de queda, entre las 08:00 de la noche y 05:00 de la mañana de este miércoles en las cercanías de los edificios gubernamentales.
El mandatario hizo el anuncio durante un discurso en el que estuvo acompañado de los titulares de los poderes del Estado de Ecuador, donde leyeron un comunicado conjunto y calificaron de “acciones conspirativas” las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito, contra el «paquetazo» de Moreno.
Según el documento, las protestas, “pretenden instaurar un ambiente de caos en el país, con ataques violentos, contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados y toma de edificios e instalaciones estatales”.
Los titulares de la Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional, junto al presidente Moreno, se pronunciaron luego que miles de manifestantes indígenas y campesinos se tomaran la tarde de este martes el edificio de la Asamblea Nacional de Ecuador tras derribar verjas de seguridad que rodeaban la sede y gritando «»¡fuera Moreno fuera!».
La sede del Parlamento, que se encuentra cerca de un parque de de la capital que servía para albergar a unos 10,000 miembros de colectivos indígenas, en la víspera de una marcha con la que esperan la derogación de recientes medidas económicas o la salida del presidente Lenín Moreno.
Moreno ofrece diálogo
Moreno se ofreció a dialogar con los miles de campesino e indígenas que desde este lunes mantienen tomada la capital ecuatoriana como una forma de presionar al gobierno para que desista de aumentar el precio de los combustibles.
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«Hay diálogo para los hermanos indígenas que lastimosamente tienen necesidades, y en eso estamos completamente de acuerdo», dijo Lenín Moreno a los indígenas que preparan una gran protesta en Quito y cuya movilización obligó a mudar la sede del gobierno a Guayaquil.
En la sede del gobierno regional del puerto guayaquileño, donde Moreno montó su despacho ante disturbios en la capital, agregó que «hay un dinero que se va dejar de gastar, que es el que genera la eliminación del subsidio a la gasolina». «Ese recurso va a estar destinado a los más pobres, que ese recurso esté en manos de los que más necesitan», señaló.
Moreno eliminó subsidios por 1,300 millones de dólares al año a los combustibles más utilizados en el país petrolero el pasado miércoles, lo que desató alzas como el de 123 por ciento en el diésel y un estallido social en rechazo a los reajustes económicos.
Entre las medidas, el gobernante también decidió incrementar en 15 dólares los bonos que más de un millón de pobres reciben mensualmente (de entre 50 y 150 dólares) y extender ese beneficio a otras 300,000 personas.
En medio de las tensiones, Moreno ya había expresado su disposición a dialogar con el movimiento indígena, el cual sin embargo insiste en que solo hablará después de su gran movilización del miércoles en Quito, junto a trabajadores y estudiantes.
Indígenas se toman Quito
En su largo trayecto hacia la capital, cubierto a pie y en vehículos, los aborígenes de numerosas provincias bloquean decenas de vías y han ocupado pozos petroleros en la Amazonía, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Ni el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado jueves ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social que desencadenó el alza de los combustibles.

Los manifestantes, que el lunes intentaron en Quito ocupar el Legislativo y atacaron el edificio de la Contraloría, son acusados por Moreno de avanzar un «intento de golpe de Estado» con la complicidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Fortín de manifestantes
El parque El Arbolito y el vecino complejo de la Casa de la Cultura se convirtieron en un fortín de grupos de protesta, vigilado este martes por personas armadas con palos, verificó en la madrugada un periodista de la AFP.
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Los indígenas, que planean realizar su gran protesta el miércoles, tomaron distancia de los incidentes violentos. «Los hechos vandálicos que se reportan en la Contraloría y la Asamblea no tienen nada que ver con nuestras bases, no deslegitimarán nuestra agenda de lucha», expresó este martes por Twitter la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Ecuador, cuya economía dolarizada enfrenta problemas de iliquidez y un alto endeudamiento, eliminó subsidios a los combustibles más utilizados en el país como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios aumentaron en consecuencia hasta 123 por ciento.
Fuera el FMI
Moreno, en el poder desde mayo de 2017, desplegó a las Fuerzas Armadas ante las movilizaciones. El decreto de estado de excepción de 60 días lo faculta además para restringir derechos e imponer la censura previa a los medios.
El lunes las protestas volvieron a aproximarse al Palacio de Carondelet, la ahora desocupada sede del Ejecutivo en el centro colonial de Quito. En una aparición en televisión, rodeado del alto mando militar, el gobernante de 66 años acusó a Rafael Correa, su antecesor y exaliado que vive en Bélgica, y a Maduro de querer desestabilizar a su gobierno en un proyecto en el que se están «usando» a sectores de aborígenes «aprovechando su movilización, para saquear y destruir a su paso».
«El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización», afirmó. Moreno y Correa (2007-2017) sostienen una pugna de poder que hundió en la crisis al oficialismo. La Conaie afirmó también que «se deslinda de la plataforma golpista del Correismo, nuestra lucha es por la salida del #FMI del Ecuador. NO permitiremos a los que nos criminalizaron por 10 años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano. ¡Miserables!».
Guaidó secunda a Moreno
El opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y las potencias europeas reconocen como mandatario interino de Venezuela, suscribió los señalamientos de Moreno: «Un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América, aprovechándose de los más vulnerables, busca acabar con la estabilidad del país» andino, escribió en Twitter.
El gobierno español llamó este martes a evitar «nuevos hechos violentos» y a buscar una salida negociada en Ecuador. La ocupación de pozos llevó a la caída de 12% en la producción de crudo (de 531.000 barriles por día), principal producto de exportación, según el ministerio de Energía.

El martes se mantienen bloqueadas carreteras en 17 de las 24 provincias ecuatorianas, de acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, y las clases están suspendidas desde el pasado jueves.
Las fuertes protestas sociales, no vistas desde que Correa asumiera en 2007, dejaban un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 570 detenidos (la mayoría por vandalismo), según autoridades.
Estados Unidos, aliado de Moreno, dijo que sigue de cerca la situación en Ecuador, donde manifestaciones provocaron el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005. «Rechazamos la violencia como una forma de protesta política», manifestó por Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
OEA condena violencia
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, condenó este martes los «actos de violencia» registrados durante las protestas por los precios de los combustibles en Ecuador, que obligaron al gobierno a trasladarse de Quito a Guayaquil.
«La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito», dijo en un comunicado la entidad, que llamó al diálogo para que «los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica». A raíz de las manifestaciones desatadas por un alza de los precios de los combustibles -que hasta ahora dejan un muerto y centenas de heridos y detenidos- el gobierno de Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días.