La arrastrada violenta que dos oficiales de la Policía Orteguista (PO) hicieron a la abogada María Oviedo Delgado, defensora de derechos humanos en la estación policial de Masaya, resume gráficamente cómo está la justicia y el ejercicio de la profesión del derecho en Nicaragua, expresó el abogado Giovanny Silva Cruz, representante legal de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic).
A la fecha, esta organización registra al menos treinta abogados en el exilio y unos veinte procesados por ser críticos de la actuación de las instituciones del sistema penal del régimen de Daniel Ortega. Los juristas han puesto en evidencia las actuaciones abusivas de la Policía, el proceder ilegal de la Fiscalía y la violación al debido proceso de jueces y magistrados, instituciones coludidas para violar derechos y garantías de los usuarios, afirmó Silva Cruz.
Abogados procesados
Entre los abogados procesados por ejercer su derecho a manifestarse cívicamente están Chester Membreño, de Masaya; Alexander Pérez, de Rivas; Francisco Dávila Pineda, de La Trinidad (Estelí); María Adilia Peralta, de Masaya; Mathil Alexander Pérez, de Estelí.
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Asimismo, Nardo Rafael Sequeira, de Acoyapa (Chontales); Noel Valdez Rodríguez, de Matagalpa; Oliver Sánchez, de Matagalpa; Patricio Sevilla Izaguirre, de Telica (León); Alfonso Granizo Sáenz, de Juigalpa (Chontales); Germán Guevara Cepeda y María Oviedo, de Managua.
También están los estudiantes de derecho Cristopher Nahiroby Olivas Valdivia y Levis Josué Artola Rugama, entre otros. Todos han sido procesados por incendio, crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, secuestro, robo, tenencia y uso de armas restringidas, y Oviedo que fue acusada por obstrucción de funciones.
El caso de María Oviedo
Los procesos están plagados de irregularidades como el reciente de la abogada Oviedo, quien fue procesada arbitrariamente por supuesta obstrucción de funciones a un policía de Masaya que la agredió física y verbalmente y a quien ella en defensa le dio una cachetada.
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Los hechos ocurrieron en la delegación policial de ese departamento el 26 de julio. Ayer la abogada fue notificada por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, donde le dicen que abrieron informativo en su contra por queja presentada por el teniente Óscar Danilo López, quien pide la suspensión de la licencia. El trámite fue expedito, pero improcedente porque no están ante una falta disciplinaria, dijo el gremio de abogados.
Atropellos antes de abril
El gremio de abogados marchó en enero de 2018 y se plantó frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mucho antes que explotara la crisis social en el país, porque las limitaciones y los atropellos hacia el ejercicio de la profesión ya eran insostenibles, sostuvo el abogado Silva Cruz, quien también es miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
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“El Estado de Derecho es inexistente en Nicaragua; hemos venido demandando que nos dejen ejercer nuestra labor de abogados; en las delegaciones policiales somos mal vistos, en algunas ya no nos dejan ni entrar, es decir, la sociedad nuestra se encuentra en estado de indefensión, con un estado de sitio de facto. Se violenta la Constitución y nuestras leyes y los tratados internacionales son papel mojado”, dijo refirió el representante de Unanic.
En el mismo sentido, el abogado penalista Elton Ortega explicó que el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la defensa en todas sus instancias es previo a abril del 2018. Se trata de una involución del proceso penal acusatorio hacia una aplicación de corte marcadamente inquisitivo de la ley procesal penal.
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“Los procesos están diseñados para condenar y raras veces hay un control jurisdiccional de las potestades investigativas de la Policía y de dirección del proceso de la Fiscalía. Los controles son solamente formales, pero no materiales”, expresó Ortega.
Para el penalista, este deterioro en el ejercicio de la defensa material afecta e incide de manera negativa en los intereses jurídicos de la persona sometida a proceso y trae consigo un menoscabo de la vigencia de los derechos y garantías procesales y constitucionales.