El ex canciller Norman Caldera sostiene que la dictadura está mal asesorada en lo referido al engranaje del sistema de sanciones establecidos en la denominada Ley Nica Act y por lo tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo no tienen una noción clara de las inminentes consecuencias de esta legislación, sino revierten el estado de anarquía política y secuestro ciudadano que se vive en Nicaragua.
¿Qué rol debe asumir la comunidad internacional frente a tantas violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos en Nicaragua?
Creo que la Comunidad Interamericana, a través de la OEA y el Grupo de Trabajo han tomado algunos pasos para devolver Nicaragua al camino de la democracia, la institucionalidad, la justicia y el pleno respeto a los derechos humanos. Los organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International, CIDH y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han contribuido, aunque la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha bajado su índice de participación desde la llegada de la expresidente (Michelle) Bachelet. Entre los países, Estados Unidos ha tomado medidas como sanciones y embargos; y paremos de contar. Los europeos han amenazado y amenazado, pero creo que debido a la poca actividad de su representación aquí, no han tomado ninguna medida.
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¿A qué apuesta Ortega al ignorar el llamado al cese de la represión de la comunidad internacional?
Apuesta a que al haber sacado del país al Messeni, GIEI y CIDH, el mundo olvidaría lo que pasó aquí. Además, ha preparado una estrategia sofisticada para tratar de negar la realidad, utilizando los pocos recursos del pueblo en gasto en propaganda, en vez de resolver los problemas del país.
¿Cuál debe ser el rol de la oposición de la Alianza Cívica ante la anarquía de Ortega para gobernar?
Creo que debe seguir presionando por todos los medios pacíficos para adelantar las elecciones. Solamente con un gobierno legítimo, salido de la voluntad popular se puede poner fin a la espiral de estancamiento y decrecimiento económico que llevamos. No se puede taparle el ojo al macho y esperar que los inversionistas se traguen los cuentos del GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional).
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El 18 de junio, Ortega tiene la oportunidad de cumplir o no con la libertad de los presos políticos y además el 20 es la fecha para que se aplique el Nica Act. ¿Que pasará?
Si Ortega cree que el Güegüense lo sacará del problema en que está metido se equivoca. Liberación no es iguala excarcelación. Liberación es que se les devuelva al estado en que estaban antes de que los secuestraran: libre. Nadie en el ámbito internacional entiende que casa por cárcel es libertad. La Nica Act funciona de una manera peculiar. Las sanciones vienen, a no ser que la Alianza le comunique al Departamento de Estados y del Tesoro, y esto es lo más importante, que éstos últimos verifiquen que se ha cumplido con las condiciones que la ley impone. Si la incluso Alianza certifica, si el Departamento de Estado no está convencido, las sanciones se mantienen.
¿Tendrá Ortega razonamiento para parar sanciones o seguirá gobernando en anarquía?
Creo que Ortega está mal asesorado y le quedan muy pocos días para enterarse de que la Nica Act va en serio y que ante una Ley pasada unánimemente por el Congreso la administración norteamericana no estará en buena disposición para pararla si no es con resultados significativos: los presos (políticos) libres, las libertades civiles en ejercicio y la fecha de las elecciones adelantadas establecidas. Sin eso, no pararán las sanciones, lo que es una tragedia porque nos afectará a todos, pero afectará aún más a los que sancione individualmente.