Para la Alianza Cívica (AC), está claro que las acusaciones del régimen de Daniel Ortega al volver a calificarlos de golpistas y terroristas, son una amenaza y una manera de criminalizar su posición por la defensa de la democracia en las negociaciones.
“Claro que es una amenaza. Una manera de descalificarnos, de criminalizarnos”, aseguró el miembro propietario de la oposición en la mesa de negociaciones, el jurista José Pallais Arana.
Lea también: Estados Unidos sanciona a Bancorp y a Laureano Ortega Murillo
Según Pallais, esta actitud del régimen es “por nuestra posición por la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos que han sido igualmente criminalizados por la dictadura”.
El régimen orteguista, en un nuevo comunicado emitido este lunes 6 de mayo, elevó el tono de los insultos contra los miembros de la AC y los culpa de una serie de crímenes que, a criterio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se cometieron durante la rebelión cívica de abril de 2018.
Lea además: Estados Unidos anuncia sanciones a Nicaragua, Cuba y Venezuela
“Denunciamos nuevamente la persistente negativa de la contraparte en la mesa, de compartir el llamado a la suspensión de las medidas económicas unilaterales e ilegales contra el pueblo nicaragüense. Recordemos que son los mismos personajes que el año pasado se negaron, una y otra vez, a levantar los ‘tranques de la muerte’, siendo por lo tanto, identificados por nuestro pueblo como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período, en nombre de la democracia”, manifiesta el punto dos del comunicado leído por el canciller Denis Moncada Colindres, quien encabeza la delegación de la dictadura en la mesa de diálogo.
La AC es la contraparte del Gobierno en la mesa de negociaciones y está integrada por miembros de diferentes sectores opositores. Fue creada en la primera etapa del Diálogo Nacional, entre mayo y junio de 2018, para buscar una salida a la crisis que vive el país desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles. El régimen señala a los miembros de la AC de dirigir, financiar y coordinar prácticas de terrorismo, racismo, crueldad, humillación, entre otras acciones.
Dictadura se victimiza
“Hemos denunciado y seguimos denunciando a nombre de nuestro pueblo, ante el mundo, todas las prácticas perversas, de humillación, crueldad, degradación, racismo e infamia terrorista que conocimos, padecimos, y derrotamos, durante el intento fracasado de golpe de Estado. Estas prácticas golpistas fueron dirigidas, financiadas, y coordinadas con aplicadísima vigilancia, por quienes hoy desde la mesa, pretenden seguir imponiendo sus vicios”, expresa el documento del régimen, en alusión directa a los integrantes de la AC.
No entiende la polarización orteguis
Mario Arana, también miembro propietario de la AC en la mesa de negociaciones, externó su preocupación sobre el lenguaje prepotente de la dictadura, el cual considera una amenaza hacia los miembros de la oposición.
“Estamos expuestos a cualquier cosa en este país. Por supuesto que lo consideramos una amenaza. Claro que lo consideramos amenaza. Nosotros nos preguntamos: ¿así quieren llevar al país? Realmente nosotros estamos aquí para que se le dé una salida al país, una salida democrática, con elecciones adelantadas, donde aquí se pueda restablecer la institucionalidad, la justicia y se restablezcan las libertades. Entonces, si ellos quieren llevar al país en otra dirección, ya veremos. Obviamente, lo que les va a caer son estas sanciones, a las cuales dicen que tanto le temen”, afirmó Arana.
Desde el 19 de julio pasado, el dictador Daniel Ortega en plaza pública calificó a los miembros de la Conferencia Episcopal y a los de oposición de golpitas que pretendían sacarlo del poder.
Lea más en : Régimen Ortega Murillo desesperado porque se detengan las sanciones
A juicio de Arana, la polarización y el discurso de odio del régimen no abonan a la estabilidad y la paz que se está buscando.
“Por eso, digo yo, es inentendible esta polarización porque deberían estar aplicando más bien, como cualquier gobierno responsable en Nicaragua, la convivencia. En realidad, lo que nosotros queremos es darle una solución a la crisis política profunda, económica y social que el país tiene, y para eso estamos aquí”, exhortó Arana.
El canciller, caja de resonancia de la dictadura
El canciller orteguista, Denis Moncada, dijo este lunes al salir del Incae, donde sostienen negociaciones con la AC, que los miembros de esta organización deben responder por sus acciones golpistas y demandó que gestionen la suspensión de las sanciones internacionales impuestas al régimen Ortega-Murillo.
“Las afectaciones a la economía deben ser restituidas y reparadas. Los sectores de la Alianza y los sectores que representan deben realmente reconocer y hacer por lo menos ese esfuerzo encaminado a que los daños a la economía por su acción golpista, realmente sean reparados y lo menos que pueden hacer es consensuar acuerdos para el llamado a la comunidad internacional para concluir y cesar con la Nica Act y todas las medidas ilegales e injustas contra el desarrollo de Nicaragua”, expresó Moncada.
Obligado a dialogar por sanciones
El régimen orteguista se vio obligado a reanudar el diálogo con la oposición por la presión de las sanciones de Estados Unidos y las advertencias de la Unión Europea, que le pedían buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles. Sin embargo, la delegación de Ortega ha incumplido los acuerdos que firmó y ha trancado las negociaciones, precisamente, con el argumento de que se debe suspender las sanciones.
“La Alianza Cívica no tiene ninguna responsabilidad de lo que nos achaca el régimen. Al contrario, insistimos en una salida por la vía pacífica y constitucional”, aseguró el jurista José Pallais Arana.
Régimen es responsable de la crisis
“A nivel nacional e internacional se sabe que el régimen es el responsable de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Nos quieren trasladar una responsabilidad, de la cual solamente ellos son los responsables. Es tan así que en sus manos está superarla al restituir los derechos y las garantías ciudadanas, dejar en libertad a los presos políticos y propiciar el adelanto de elecciones. Con todos esos puntos, el país vuelve a su normalidad”, aseguró el negociador de la Alianza Cívica, José Pallais.