El Presupuesto General de la República este año es insostenible. El régimen diseñó su gasto público con base a una caída de la economía de 1 por ciento, lo que a criterio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) no es realista, dado a que este año los efectos de la crisis se sentirán más que en 2018.
“Funides considera que este supuesto no es acorde al entorno económico esperado para 2019. Funides estima que si la crisis se extiende en todo el año, la contracción de la actividad económica oscilará entre 7.3 por ciento y 10.9 por ciento con respecto a 2018. Esto sugiere que en 2019 el Gobierno tendría brecha financiera que lo obligaría a realizar una reforma presupuestaria”, señala la institución.
Es decir que a mayor tasa de contracción de la economía, las metas de recaudación se ven comprometidas debido a que las actividades económicas se ven golpeadas por una caída en el consumo interno y menor liquidez de las empresas para cumplir con sus nuevas obligaciones con el Fisco.
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De hecho, Funides considera que la actual reforma fiscal si bien busca recuperar un poco más de diez mil millones de córdobas, que llevarían el ingreso público a niveles de 2018 antes de la crisis sociopolítica, la posibilidad de que ese recurso se extraiga de la economía es bajo.
Rendimiento de reforma irá cayendo
Lo anterior debido a que si bien en los primeros meses de que la reforma se implemente se podrían registrar aumentos en los ingresos fiscales, a medida que pasen los meses estos comenzarían a declinar porque la recesión actual se comenzará a profundizar por el incremento de la incertidumbre, la contracción del consumo interno y pérdida de liquidez de las empresas.
Esta situación, según Funides, ocasionará que el Ejecutivo se vea obligado a impulsar reformas para achicar el gasto o, de lo contrario, tendrá que echar mano a sus depósitos en el Banco Central, donde hasta diciembre tenía 440 millones de dólares.
El régimen de Daniel Ortega está impulsando en la Asamblea Nacional un paquete de reformas fiscales que busca, entre otras medidas, aumentar la alícuota del anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR), adelantar el calendario de declaración de los impuestos mensuales y anual, eliminar gradualmente exoneraciones y exenciones, entre otros.
Las medidas fiscales se han combinado con una reforma a la seguridad social, que aumentó la carga de la patronal y eliminó el salario máximo cotizable, los dos ajustes que más afectan directamente a las empresas.
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La Asamblea Nacional aprobó en diciembre pasado el Presupuesto General de la República donde se contempla 69,751 millones de córdobas en ingresos y 80,014 millones de córdobas en egresos, sin incluir el servicio de la deuda.
“La reforma tributaria propuesta corresponde a una política fiscal procíclica ya que pretende incrementar la tasa efectiva de recaudación durante la crisis, lo cual deterioraría más la actividad económica que ya se encuentra afectada en este contexto”, dijo Funides.
Las actividades más afectadas con esta reforma son la industrial y agrícola, el sector financiero y las de servicios como comercio, hoteles, restaurantes y servicios inmobiliarios.
“Reformas de esta naturaleza también pueden crear incentivos a la evasión y elusión fiscal (utilizar vías legales para disminuir o no pagar impuestos”, indica Funides.
A todo este riesgo financiero también se suma el hecho que el Ejecutivo está teniendo dificultades para colocar más de 105 millones de euros en deuda, a cuyo remanente se sumarán otros 11,264 millones de córdobas en títulos este año.
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Financiamiento externo en duda
Además de las dificultades que el régimen afrontará para obtener recursos frescos por parte de organismos financieros internacionales, aumenta la posibilidad que el Presupuesto General de la República sea insostenible.
“En el periodo 2018-2022 la dependencia del financiamiento externo equivale al 48 por ciento de las necesidades totales. Sin embargo, las recientes sanciones aprobadas por parte de EE.UU. afectarán el acceso a dicho financiamiento, lo que obligaría al Gobierno a buscar nuevas fuentes de préstamos o corregir a la baja los gastos de dicho periodos”, revela Funides en su análisis.
De hecho, esta imposibilidad de obtener recursos nuevos por parte de los organismos financieros internacionales es lo que también genera dudas sobre el cumplimiento del programa de inversión de 11,077 millones de dólares que promete el régimen en este quinquenio.
Otras dificultades
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social señaló que el Ejecutivo también tiene espacio crediticio internacional limitado y es probable que las agencias calificadoras de riesgos continúen bajando la nota a Nicaragua.
La rebaja en las notas crediticias a la deuda soberana de Nicaragua, según Funides, limitaría al Estado su aspiración de salir a los mercados internacionales en busca de créditos comerciales, porque las tasas de interés se elevarán.
“Lo anterior sugiere que el Gobierno tendrá que pagar por una mayor tasa de interés si pretende colocar instrumentos altamente especulativos en el mercado internacional”, señala Funides.