La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró este viernes preocupada por la “Ley de Reconciliación Nacional”, aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, el pasado 24 de enero, y aseguró que esta “no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.
El organismo internacional advirtió que dicha ley omite elementos centrales como procesos de esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, sus causas y consecuencias; procesos penales diligentes e imparciales que permitan identificar, enjuiciar, y en su caso, sancionar a los responsables de dichas violaciones; programas integrales de reparaciones, y garantías de no repetición.
La “Ley de Reconciliación Nacional”, diseñada por Rosario Murillo, es promovida por el régimen para enfrentar una grave crisis sociopolítica que desde abril pasado ha dejado cientos de muertos, desaparecidos, presos y exiliados.
Para la CIDH, estos programas de reparación deben incluir, entre otras acciones, reformas institucionales que corrijan el grave deterioro institucional que “ha permitido el ataque generalizado y sistemático a la población civil ocurrido en el país”, expone la CIDH.
Dificulta el esclarecimiento de la verdad
La CIDH considera además que uno de los efectos de la Ley “sea dificultar el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El organismo afirma que la ley puede “dejar en el olvido a las víctimas fatales de la represión estatal, a sus familiares y a los cientos de personas permanecen privadas de libertad”.
Lea también: Informe del GIEI revela lista de funcionarios públicos que deben ser investigados por la masacre en Nicaragua
Investigar es irrenunciable
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, “las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable”.
En el mismo sentido, la Corte IDH establece que son inadmisibles medidas que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos
En el informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que se debería investigar al dictador Daniel Ortega y a la cúpula de la Policía Orteguista, por crímenes de lesa humanidad. Los expertos determinaron que 109 personas murieron del 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2018. Asimismo, señalaron que las víctimas fueron heridas de balas en cabeza, cuello y tórax.
Lea además: Los videos del GIEI que muestran la represión del régimen orteguista en Nicaragua