La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó de que en noviembre no observó ningún avance en la mejora y protección de los derechos humanos en Nicaragua dado a que en ese mes el régimen continuó con el hostigamiento y detenciones arbitraria contra nicaragüenses.
“La OACNUDH en su informe no observó ninguna mejora en la situación de los derechos humanos en Nicaragua en noviembre. Continuó recibiendo denuncias de hostigamiento y detenciones arbitrarias contra dirigentes campesinos y estudiantiles y defensores de derechos humanos”, dice el informe del Alto Comisionado presidido por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
El documento revela además que “las restricciones a los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica persistieron”.
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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lamenta además las violaciones contra los ciudadanos en condición de presos políticos en el contexto de las protestas cívicas.
“Los derechos a un juicio justo y a la presunción de inocencia de las personas que participaron en manifestaciones durante el primer semestre de 2018 continuaron siendo violados”, asegura en el reporte el organismo de Naciones Unidas.
Poner fin a la represión
El informe revela además, que el 22 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instó al gobierno de Daniel Ortega, poner fin a la represión contra los ciudadanos.
“El 22 de noviembre, siete Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitieron un comunicado de prensa instando al Gobierno de Nicaragua a poner fin de inmediato a la represión y las represalias contra quienes se pronunciaron en contra del gobierno, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos”, expresa el documento de la OACNUDH.
Esa organización de las Naciones Unidas, condenó además, las detenciones de docenas de personas y muchas de ellas por falsas acusaciones “de cargos de terrorismo” y la vez instan a las autoridades “a garantizar que los detenidos tengan juicios justos, de acuerdo con los estándares internacionales”.
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A la vez, el informe revela que el pasado 23 de noviembre, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos seguía profundamente preocupada ante las denuncias de que las autoridades nicaragüenses continúan criminalizando las acciones legítimas de líderes sociales y otras personas vinculadas con las protestas que estallaron en Nicaragua previamente este año .
La portavoz, destacó que “la reciente disminución drástica de las protestas públicas no era un signo de vuelta a la normalidad sino más bien una indicación de que las acciones del gobierno para restringir las libertades fundamentales habían disuadido a los ciudadanos de ejercer su derecho de reunión pacífica”.
Conclusiones sobre la crisis
La Oficina del Alto Comisionado señala en sus conclusiones su preocupación por las violaciones a los derechos en el país. “La OACNUDH sigue profundamente preocupada por las restricciones persistentes e ilegítimas de los derechos humanos y las libertades, la continua reducción del espacio democrático y la falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, indica.
La OACNUDH instó a las autoridades a poner fin de inmediato a las medidas que crean un estado de excepción “de facto”, especialmente aquellas que limitan los derechos a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
A su vez, insisten que “la OACNUDH reitera su llamamiento al gobierno de Nicaragua para que cese de inmediato la represión contra las personas que expresan opiniones disidentes, y para que reconozca y garantice investigaciones rápidas, independientes, imparciales y exhaustivas sobre las numerosas y graves violaciones y abusos contra los derechos humanos que han tenido lugar desde el 18 de abril de 2018”.