El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Nicaragua, emitió este martes 16 de octubre una declaración en la que condena la criminalización de la protesta, en ocasión de la agresión y detención de 38 manifestantes cívicos en Camino de Oriente, Managua.
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El organismo de la OEA enfatizó en la declaración su profunda preocupación y rechazo por las “detenciones arbitrarias de opositores y defensores de los derechos humanos, en ocasión de las manifestaciones del pasado domingo 14 de octubre”, lo cual considera “únicamente contribuye a agravar la crisis social y política en el país”.
“El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para Nicaragua expresa su firme condena por las continuas acciones represivas y por las medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua, incluyendo la indiscriminada criminalización de cualquier forma de protesta, lo cual contraviene estándares internacionales básicos en materia de derechos humanos y ha generado una preocupante cantidad de víctimas desde el pasado mes de abril”, expresa la declaración oficial.
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Aunque los detenidos hayan sido liberados, el Grupo de Trabajo hizo un urgente llamado para que se libere a todas las personas que continúan detenidas arbitrariamente, que según los organismos de defensa de derechos humanos son más de 300 presos políticos.
El Grupo de Trabajo de la OEA reiteró el llamado al gobierno de Daniel Ortega a cesar en forma inmediata la violencia perpetrada por la policía y fuerzas parapoliciales controladas por el Gobierno, y a investigar a los responsables de los actos de violencia y crímenes, así como liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Protesta no es ilegal
El Grupo de Trabajo Respalda el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que “la declaración de que las protestas antigubernamentales son ilegales por haberse producido en estas hechos violentos y la atribución a priori de responsabilidad a convocantes y organizadores -además de ser una clara violación del principio de inocencia-, implica una limitación arbitraria del derecho a la protesta social y por ello vulnera los estándares internacionales de derechos humanos”.