El presidente Ortega sataniza como “golpe de Estado” el llamamiento a elecciones adelantadas. Pero el primero en alterar el statu quo de la reelección fue él mismo, cuando hizo que la Corte Suprema de Justicia dictara una resolución inconstitucional en contra del artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial en un segundo período consecutivo y por más de dos veces.
En Nicaragua, no se ha producido un suave golpe de Estado, menos atentados terroristas. De ser así, ya se hubiese invocado el art. 20 de la Carta Democrática Interamericana, que estipula: “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas”.
El término golpista es una manipulación política con el único propósito de agitar las bases partidarias.
Las persecuciones y la criminalización por delitos de terrorismo y otros evidencian la aplicación equívoca del Derecho Penal, e incluso abusiva del Estado punitivo, para perseguir a voces disidentes.
El artículo 394 del Código Penal define el terrorismo: “Quien actuando al servicio o colaboración con bandas organizaciones o grupos armados utilizando explosivos, substancias tóxicas armas incendios o cualquier otro acto de destrucción masiva realice actos en contra de personas, servicios públicos, como medio para producir alarma, temor o terror a la población en un grupo o sector de ella para alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país”.
El Diálogo y la propuesta surgida por la Alianza Cívica , de la cual fue mediadora la Conferencia Episcopal, ni por analogía, ni conceptualmente es un golpe de Estado. El gobierno demandó diálogo, las pretensiones eran la búsqueda de un consenso “en temas de derechos sociales, democracia y justicia”.
¿Dónde está el objetivo de la apropiación del poder político? ¿Dónde los medios ilegales?
Es absurdo conceptualizar que el 70 por ciento de la población, por expresar su descontento por el uso excesivo de violencia y fuerza y pedir la libertad de sus familiares encarcelados, cometa actos de terrorismo o intento de golpe de Estado.
Marchas, huelgas, paros, etc., son manifestaciones auténticas del pueblo que demanda sus derechos constitucionales y humanos, y no deben ser reprimidas o criminalizadas.
Existen los muertos, los puso el pueblo. Los culpables aún no son juzgados. El pueblo pide justicia y democratización.
El autor es abogado.