Un ingrediente esencial para la existencia y aceptación de todo gobierno es que sea legítimo; es decir, que ante los ojos de la ley y del pueblo tenga derecho para dirigir la nación. ¿Es el caso de Ortega? Para contestarlo veamos cuáles son los factores que otorgan legitimidad a un gobernante.
El primero es que el pueblo lo desee como mandatario. Esto es así por el principio de la soberanía popular; todo poder viene del pueblo. Para esto se instituyen elecciones periódicas, libres y competitivas. Aquí Ortega tiene en su contra haber sido electo por un Consejo Electoral, autor de varios fraudes, en comicios donde se privó de personería jurídica a la principal fuerza opositora, lo que resultó en una abstención sin precedentes. Que el pueblo no lo acepta lo evidencian las encuestas recientes y marchas de la oposición, tan multitudinarias, que hacen palidecer a las forzadas del gobierno. Si Ortega pensara que es popular no dudaría en adelantar las elecciones.
La segunda fuente de legitimidad es que el mandatario cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes. Es su obligación más sagrada. Por eso en las tomas de posesión se le hace jurar que lo hará. Un presidente legítimo no puede estar encima de la legalidad. Aquí Ortega tiene en su contra haber violado reiteradamente al menos 25 artículos de la Constitución, incluyendo el de que “nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”; los que establecen garantías procesales penales ignoradas, entre ellas el recurso a la exhibición personal; y el de que “no pueden existir más cuerpos armados que los establecidos por la ley” (Ejército y Policía).
La tercera fuente de legitimidad es que el gobernante proteja los derechos básicos de los ciudadanos, razón de ser de toda autoridad. La Declaración de Independencia de Estados Unidos lo expresa en forma inigualable: “Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…” ¿Ha protegido Ortega estos derechos? Ante los organismos de derechos humanos más prestigiosos, él es su peor violador en Latinoamérica incluyendo delitos de lesa humanidad.
No reflejar la voluntad popular, no respetar la Constitución y no proteger los derechos de sus ciudadanos, descalifican a Ortega como gobernante legítimo de los nicaragüenses y lo convierten en un usurpador, culpable además de serios delitos. En estricta justicia debería ser desaforado, juzgado y condenado. No puede, por tanto, exigir la obediencia de nadie, incluyendo las fuerzas armadas, mientras todos sí tienen el derecho y deber de rebelársele “para instituir un nuevo gobierno”.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.