La represión desatada por el Gobierno contra la población autoconvocada, continúa extendiéndose a los empleados públicos a través de “una cacería” orientada a través de redes sociales. Esta situación mantiene en zozobra a los trabajadores del Estado.
El procurador laboral y abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Antonio López, aseguró que ha conocido de orientaciones que circulan entre los allegados del orteguismo para hacer lo que ellos califican de “depuración”, en los centros de trabajo.
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A López le hicieron llegar un documento, de parte de empleados de una de las instituciones del Estado, que circula a través de las redes sociales de forma anónima a través del cual se orienta “la depuración” de empleados, para lo cual deben tomar en cuenta varios motivos.
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Una de las causas establecidas para un despido es que hayan laborado a gobiernos liberales y aún laboren en instituciones públicas, empleados que aún no han aceptado la militancia del partido del oficialismo, o que aunque tengan la militancia hayan expresado alguna opinión que denote que no está de acuerdo con las medidas represivas del Gobierno.
A su vez estarán en la mira de la represión empleados que no asistan a los eventos del partido, empleados que hayan participado en las marchas y actividades de los autoconvocados, o cuyos familiares hayan participado en actividades de los llamados “golpistas”.
O en su lugar que por su fe católica respeten y admiren a sus pastores. Pero también estarán en el listado de riesgo aquellos que rehúsen usar las camisetas y banderas del FSLN. También empleados con familiares que laboran en empresas o medios independientes, de quien han orientado hacer una investigación.
López explicó que el envío de información a través de mensajes de texto, “es otro medio que utilizan (los trabajadores) para denunciar, porque no lo pueden hacer públicamente, ante el temor de que le revisen su teléfono”.
Según López, él ha conocido casos como el de un capitán de la Policía de apellido Aguilar, a quien le despidieron después de revisar el contenido en su teléfono celular, lo cual es ilegal. Y en el proceso judicial , las mismas autoridades lo confirman al establecerlo como evidencia.
Priorizarán a sus leales
El procurador laboral, José Antonio López, recordó que a él trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le han hecho llegar información que indica que el nuevo lema del Gobierno de priorizar el trabajo a un sandinista leal.
La semana pasada a propósito de la denuncia de despidos arbitrarios de médicos y trabajadores de la salud de Carazo, mostró un mensaje escrito recibido en el cual se lee: “Cada puesto de trabajo en el Estado que esté en manos de un traidor, que pase a manos de un sandinista leal y trabajador”
Hasta ahora se desconoce la cantidad exacta de servidores públicos que han sido despedidos, a raíz de la resistencia cívica que ha mantenido la población en Nicaragua, pero que López no descarta arreciarán.
López recordó que en 11 años el Gobierno ha despedido a más de 30 mil empleados y desbaratado 165 sindicatos.