Bajo fuertes medidas de seguridad de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), once ciudadanos desfilaron este sábado en los Juzgados de Managua, cuya única característica común es su participación en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Entre los detenidos estaba Christian Rodrigo Fajardo Caballero, de 37 años y dirigente del Movimiento 19 de abril de Masaya, y su esposa María Adilia Peralta Cerratos, de 30 años.
Agentes policiales fuertemente armados, y uno con pasamontañas, fueron los que llevaron a la pareja a la audiencia, que estuvo a cargo de la juez Noveno de Distrito Penal de Audiencia, Karen Chavarría.
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La acusación presentada por el Ministerio Público, le imputa a la pareja ser los presuntos coautores de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
Ambos fueron captutrados el pasado domingo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Rivas, por miembros del Ejército de Nicaragua, cuando pretendían ingresar a suelo costarricense. En las redes sociales difundían mensajes para que lo capturaran y el orteguismo había puesto un precio de 50 mil córdobas por su cabeza. Asimismo, paramilitares quemaron un hotel propiedad de Fajardo.
Únicos detenidos
A simple vista la pareja no presentaban maltrato físico y fueron defendidos por la doctora Yonarquis Martínez, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Fajardo, de profesión administrador de empresas, y Peralta, abogada, son los únicos detenidos de una lista de las 12 personas, que el Ministerio Público acusó en la audiencia.
Los delitos que les imputan a algunos acusados prófugos son: asesinato agravado, secuestro extorsivo y profanación de cadáveres.
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Según la Fiscalía, fueron miembros de la Policía Nacional quienes descubrieron al matrimonio de dirigir y organizar grupos delincuenciales, dedicados a ejecutar actos contra bienes públicos y privados y provocar temor en Masaya.
“Mediante la utilización de explosivos de fabricación arteanal conocidos como morteros, arma de fuego, armas de fuego de fabricación artesanal y armas cortopunzantes (cuchillos, machetes y navajas), con el fin de cometer secuestros, extorsiones y asesinatos”, reza la acusación fiscal. Presuntamente los acusados obstruían vías de Masaya.
Recibían dinero de Miami
Según el Ministerio Público, este matrimonio obtenía financiamiento mediante gestiones que realizaban grupos de personas organizadas y radicadas en Miami, Estados Unidos.
“Recibían dinero mediante remesas enviadas a través de Western Union, dinero con el cual financiaban el apoyo logístico y la obtención de armas de fuego y municiones, que eran utilizadas por los demás acusados para la comisión de los actos terroristas, secuestros y asesinatos”, se lee en la acusación.
La pareja también es señalada de entregar dinero al acusado Silvio Estrada, quien era el encargado de dirigir el puesto médico que tenían en el sector de la Placita de Monimbó.
Asesinato de policía
A otros miembros de la agrupación, también los señalan de ser los autores del crimen del policía Gabriel de Jesús Vado Ruiz, al dispararle en la cabeza. El oficial supuestamente fue golpeado con palos y piedras, y recibió cuchilladas.
La acusación señala que un sujeto que pertenece a la agrupación —de identidad no conocida—sacó combustible de una moto, colocó una llanta sobre el cuerpo de Vado y luego le prendió fuego.
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La juez Chavarría admitió la acusación. En la audiencia hubo anticipo de pruebas donde desfilaron algunos testigos. La audiencia inicial se programó para el próximo 24 de agosto.
Máxima segurida
En la misma sala en que compareció la pareja, fueron presentados nueve ciudadanos capturados en Jinotepe, Carazo, y que permenecen detenidos en celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
En total fueron 11 los acusados, pero dos están sin detener. A estos les imputan los delitos de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, daños en perjuicio de la sociedad nicaragüense, del Estado de Nicaragua y del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).
Los reos llegaron fuertemente custodiados. La acusación fue admitida y programada también para el 24 de agosto.}
