El procurador laboral José López, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó que ha recibido cerca de 40 denuncias de trabajadores de la Salud, porque están siendo acosados en su centro de trabajo, donde los señalan de haber colaborado de alguna manera con la población que estaba en los tranques y con los atrincherados en las universidades.
“Varios trabajadores de la Salud están siendo blanco de detenciones ilegales, amenazas, discriminación, agresiones e incluso procesados judicialmente”, denunció el procurador laboral López.
Las agresiones y detenciones se dan después que algunos militantes sandinistas y sindicalistas en redes sociales, los han expuesto en listas, donde los señalan de colaborar con las manifestaciones cívicas del pueblo nicaragüense.
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“Militantes sandinistas, conozcan a los oportunistas, vendepatria que trabajan en el Hospital Solidaridad, se lucran del Gobierno y le vuelan… son sinvergüenzas… muerden la mano que les da de comer, como todos los traidores”, se lee en las denuncias que circulan en redes sociales.
“Estos son los delincuentes tranqueros que abastecen con medicamento y materiales robados del hospital de Juigalpa… y son pésimos trabajadores…”, dice otro de los mensajes en redes sociales.
Procesados
Uno de los procesados es el odontólogo Irvin Escobar Ortiz, de 29 años, quien fue capturado junto con su pareja, la doctora Blanca Lisseth Cajina Urbina, de 25 años, quien fue puesta en libertad esta semana en El Chipote, después de seis días de detención ilegal.
Según sus familiares, la pareja fue detenida con violencia por la Policía frente al Hotel Princes, porque estos prestaban auxilio a los muchachos que estaban atrincherados en la UNAN-Managua.
Mientras, en Granada, fue acusado el psicólogo Róger Martínez, de terrorismo, por colaborar con alimentos a los manifestantes que estaban en las barricadas de resistencia social en su departamento. Fue capturado por policías y paramilitares en la “Operación limpieza”, que ejecutó el Gobierno.
Otras agresiones
El jueves 5 de julio familiares de las doctoras Fátima Mercado Arias, en Masatepe, y Dulce María Sánchez Maldonado, de San Rafael del Sur, denunciaron en redes sociales, de sus retenciones por policías junto con sus esposos, supuestamente por apoyar a pobladores que se mantienen en los tranques instalados en sus localidades.
La doctora Sánchez fue procesada por presuntas amenazas contra un oficial de Policía de la localidad, y goza de medidas alternas a la prisión.
Así mismo, la cirujana pediatra Darling Pérez, trabajadora de la clínica médica previsional La Asunción, en Juigalpa, ha soportado cuatro meses de acoso laboral, por no estar de acuerdo con la masacre que el gobierno de Daniel Ortega ha desatado contra el pueblo.
Entre las arbitrariedades que ha sufrido Pérez están el cambio de turno, cambio de oficina, llamados de atención políticos y no laborales por sus publicaciones en su perfil de Facebook y finalmente le quitaron los turnos, lo que disminuye sus ingresos, denunció la galena.
También negaron atención
A pesar de las denuncias de la población y los organismos defensores de los Derechos Humanos, la ministra de Salud, Sonia Castro, negó durante una sesión del Diálogo Nacional que en el sistema de Salud de Nicaragua hayan negado atención médica de urgencia a quienes protestan contra el Gobierno y se atrevió a asegurar que seis personas han muerto porque en los tranques han retenido a las ambulancias del Ministerio de Salud.
“El Ministerio de Salud, el Sistema de Salud, nunca, en ningún momento, ha estado cerrado a ninguna atención, demostrado con las estadísticas y con las atenciones que se han dado”, dijo Castro.
Para Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, el personal médico se encuentra contra la espada y la pared, porque por prestar auxilio médico a personas que estaban en protestas cívicas ahora están siendo perseguido y judicializado.
“Por el juramento hipocrático, ellos (médicos) están obligados a sanar, ayudar, además es delito omitir el debido auxilio, está obligado por la Ley a prestar auxilio, de lo contrario cometen delito por omisión, pero por otro lado ahora son perseguidos”, dijo Cuevas.
Entre los perseguidos están médicos, enfermeros, auxiliares, odontólogos y estudiantes de estas carreras.
Crisis de ética profesional
El médico epidemiólogo Leonel Argüello Yrigoyen lamentó recientemente, en la página web Foro Médico Nicaragüense, que en tiempos de crisis como la que vive Nicaragua no todos los profesionales de la Salud están actuando apegados a la ética.
“El compromiso ético es parte del ser médico, un profesional sin ética no puede ser llamado médico, es un abusador de su condición por tener un título. Además, queda sujeto a ser juzgado por mala práctica médica. En situaciones de crisis, no todos y todas se apegan al código ético médico, ya sea por actuación propia o respondiendo a diferentes presiones, por lo tanto incumple con su razón de ser”, señaló Argüello. “Por el juramento hipocrático, ellos están obligados a sanar, además es delito omitir el debido auxilio, está obligado por la Ley a prestar auxilio, de lo contrario cometen delito por omisión”, por añadió.